Efecto Cocuyo.- La jueza del Tribunal 39 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Karla Moreno, renunció la noche del lunes 20 de febrero en la sala de audiencias mientras se realizaba la presentación de Andreas Díaz, Rumel Ochoa y Eduardo Párraga.
Los tres jóvenes fueron detenidos el sábado, 18 de febrero, cuando terminaba la manifestación convocada por Voluntad Popular para recordar los tres años de cárcel de su dirigente Leopoldo López. Andrés y Rumel fueron contratados por la productora de Eduardo para que se hicieran unas tomas con una aeronave piloteada a distancia (drone).
La movilización llegó hasta el distribuidor Altamira, por la autopista Francisco Fajardo. Una vez que terminaron, Rumel y Andreas se marcharon del sitio y fueron detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y horas más tarde aprehendieron a Eduardo, dueño de la productora audiovisual.
Según se conoció a través de una fuente ligada al Palacio de Justicia, una comisión del Sebin llegó hasta el tribunal y amenazó con detener a la jueza sino privaba de libertad a los detenidos, tal como solicitó la representante del Ministerio Público, Dora Guerra.
Antes de cambiar su decisión, la jueza renunció, recogió sus pertenencias y se marchó de la sala. Los jóvenes fueron llevados nuevamente a El Helicoide, sede de detención del Sebin.
Este martes 21 de febrero, el expediente de los aprehendidos por volar un drone fue redistribuido para retomar la audiencia de presentación. Se conoció que el caso le fue asignado al Tribunal 42 de control a cargo de la juez Ornela Pérez.
Compañeros de trabajo de Rumel se encuentran consternados por la situación y aseguran que protestaran si continúan las irregularidades. Este joven además de prestar sus servicios para la productora como trabajador independiente, labora en el TSJ como alguacil.
Primer episodio
Esta es la segunda vez que se conoce que el Sebin presiona una decisión judicial. El primer caso ocurrió en el estado Anzoátegui en el Palacio de Justicia de Barcelona.
Según trascendió el 13 de febrero de este año, el Sebin ingresó a la sala del Tribunal sexto de Control una vez que conoció que los fiscales habían pedido la libertad plena para dos detenidos: Alejandro Hernández Cedeño, gerente de Petrocedeño y su chofer José Pérez.
Al igual que el episodio de Caracas, los funcionarios se opusieron a la libertad de los aprehendidos y retuvieron a los fiscales. Según El Tiempo, medio local, “trabajadores que resguardaron su identidad dijeron que en la sede tribunalicia se presentó la fiscal superior del estado Anzoátegui, Liliana Aumaitre, en compañía de los titulares y auxiliares de cada despacho y logró que los funcionarios de inteligencia desistieran de la aprehensión de los trabajadores de justicia”.
