La directora de la Fundación Debido Proceso explicó que en el caso del capitán Acosta Arévalo se evidenciaron varias violaciones a los DDHH
Americadigital.- La abogado y directora ejecutiva de la Fundación Debido Proceso, Jackeline Sandoval, explicó que en el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, al igual que de los demás funcionarios militares y del Cicpc que fueron detenidos junto con él, se evidenciaron violaciones a los DDHH, empezando por la detención arbitraria y la desaparición forzosa de estas personas.
Sandoval detalló que estos efectivos fueron detenidos un viernes y presentados ante tribunales ocho días después, cuando la legislación venezolana habla de que debe ser en un lapso no mayor de 48 horas, y 12 para los funcionarios de seguridad, por lo que su tardía presentación representa ya una violación.
De igual forma, se refirió a la presentación de los dos funcionarios de la Guardia Nacional adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que están vinculados con la muerte de Acosta Arévalo, y que fueron imputados por el delito de homicidio, omitiendo el tema de que el oficial de la Armada murió a consecuencia de su arresto arbitrario y la tortura a la que fue sometido.
A su juicio, debe darse prioridad a los protocolos de Estambul y Minesotta, que permite a los investigadores del caso llegar a los requisitos de una investigación muerte, que no fue por enfrentamiento ni por causas naturales, sino producto de “fuertes torturas” que “no son nuevas”, ya que han sido denunciada por militares desde 2014.
“No es la primera vez que se habla de torturas en investigaciones relacionadas con el Gobierno”, dijo en el programa Intermedio, que es conducido por el periodista Román Lozinski.
Subrayó que desde su fundación se han recibido denuncias de este tipo a partir del año2004, pero que desde entonces no han tenido respuesta por parte de las autoridades a esas investigaciones.
Recordó que la Fiscalía no tiene por qué esperar autorización del mandatario Nicolás Maduro para iniciar una investigación de este tipo, sino que debe hacerla de forma automática. Además, puntualizó que debería ser la justicia militar la responsable de llevar el caso y no la civil, ya que los responsables están ligados a este código. Y al final, la justicia militar es responsabilidad directa de Maduro.
Por ello, indicó que la investigación “debería ser llevada a cabo por un organismo imparcial, por cuanto no hemos visto respuesta ni por el Ministerio Público ni por la Defensoría del Pueblo.
Considera que en la actualidad los jueces “indudablemente tienen miedo al Sebin en cuanto a ejecutar sus decisiones” porque si un juzgado emite una sentencia, los organismos auxiliares de justicia están en el deber de ejecutar dichas órdenes, pero“pueden pasar años presos hasta que sucede algo”.
También advirtió que son más cautos a la hora de dar sentencia, “pero cuando emana de un tribunal militar, hemos visto que se ejecuta rápido. Si proviene de tribunales ordinarios hay que esperar la decisión de un ministro o del director del Sebin”.
Aprovechó para denunciar que aunque se expidan las boletas de excarcelación, los organismos de seguridad no las reciben.
“Creen que por no recibirlas, no existe la orden. Sí saben que existen, al menos el jefe de Operaciones tiene que enterarse, ya que quienes hacen la custodia las entregan (…) Ellos esperan al director o al ministro”, señaló.
Dijo que existen casos de comisión de delitos y omisión de los mismos, sobre todo en los delitos que vulneran los DDHH porque no prescriben. En el caso de las omisiones, dijo que los supervisores de las áreas cometen este delito al permitir la tortura. “Y un supervisor debe velar para que todo esté bien dentro de la oficina”.
