La urgencia médica de uno de sus dos hijos menores de edad forzó el regreso de Jhoan y Germary a Venezuela en diciembre de 2019, seis meses después, finalizando el mes de junio, en su hogar y junto al resto de su entorno familiar, bruscamente, circunstancias signadas por la adversidad perturban sus vidas, nada parecido a las situaciones difíciles superadas en 17 años de unión conyugal, dentro y fuera del país.
“El castigo es el proceso”, escribió el eminente catedrático Ángel Zerpa en su cuenta en twitter el 07/04/2021, punición o escarmiento que se hace mayor, inscrito por algunos entendidos en el campo de la tortura, cuando los derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable, noción del todo comprensible tomando como ejemplo el fallecimiento en marzo de este año de un privado de libertad en la Cárcel de Uribana.
El fallecido, José Hernández, era beneficiario de una “medida cautelar” otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su caso esa instancia internacional “solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para proteger sus derechos, asegurando el acceso a los tratamientos médicos prescritos por los médicos correspondientes”, según el “comunicado de prensa 83/21”, emitido por la CIDH, “se informó que no recibió atención médica oportuna”.
