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En la era de Nicolás Maduro, cuyo primer año de gobierno ha estado marcado por la inestabilidad política y económica que azota el país, la oposición, la prensa y el sector empresarial han sufrido más persecución que en los 13 años que gobernó Hugo Chávez. Desde que asumió el poder, en abril, detuvo a 134 personas por motivos políticos.
La Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) reveló los datos en el informe anual 2013, los cuales demuestran que, de los 317 presos políticos, el 42 por ciento (134) fue apresado durante la actual administración y el 58 por ciento restante se efectuó en los años bajo el mando de Chávez, quien promedió 13 detenciones por año.
Al hacer un comparativo de ambas cifras el actual mandatario multiplicó por diez el número de capturas. De éstas, la mayoría se efectuó los días 15 y 16 de abril, luego de las elecciones que dieron la victoria a Maduro por un estrecho margen —una diferencia de sólo 223 mil 599 sufragios— frente a su opositor, Henrique Capriles.
Según Fundepro, esos días se realizaron 122 de las 134 detenciones. El 14 de febrero de 2013 se llevaron a cabo otras ocho, durante la protesta estudiantil que, frente a la embajada de Cuba en Caracas, pedía pruebas de vida de Chávez.
Entre los aprehendidos figuran el cineasta norteamericano Timothy Tracy, por supuesto espionaje; el general Antonio Rivero, acusado de instigación para delinquir; Gustavo Tirado, señalado por supuesta rebelión luego de visitar al ex ministro Raúl Isaías Baduel, y Víctor Manuel García, capturado también bajo la misma acusación.
Del total de detenidos, 182 fueron puestos en libertad condicional. No obstante, nueve presos políticos siguen cumpliendo su condena: los policías metropolitanos Arube Pérez, Marco Hurtado, Erasmo Bolívar, Héctor Rovain y Luis Molina, sentenciados por los hechos de abril de 2002 durante el breve levantamiento que quitó del poder a Chávez; Iván Simonovis, condenado por ese mismo caso, y Rolando, Otoniel y Juan Guevara, sentenciados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson.
“Desde el gobierno le es negada tal cualidad a los presos políticos, endilgándoseles mediante montajes judiciales cargos por delitos comunes y agregándoles imputaciones de delitos de terrorismo, de lesa humanidad y de corrupción con el claro objetivo de quitarles el estatus político, y desviar así el posible apoyo de entes u organismos internacionales”, concluye el informe.
La andanada del régimen venezolano contra sus críticos ha incluido amenazas contra Capriles a quien advirtió que podría echar mano del artículo 72, el cual establece: “todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”, con lo cual podría convocar a un referéndum.
En lo referente a los medios, en octubre pasado se creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), el cual se encarga de restringir la información sobre el desabasto, la violencia, los problemas económicos o cualquier opinión que Maduro considere generen zozobra en la población.
El primer medio sancionado fue Globovisión, tras difundir un reportaje sobre el desabastecimiento crónico que padecen venezolanos desde hace meses. Otro caso fue el del locutor Víctor Hugo Donaire. quien durante su programa en la estación Los Morros informó sobre los autos que conducían funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales. Minutos después estos se presentaron en la estación y se lo llevaron acusado de falta de respeto al cuerpo de seguridad y resistirse al arresto.
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