31 ene 2018

Medina Roa: Abogados del capitán Caguaripano y de detenidos por el caso de Oscar Pérez están siendo hostigados y amenazados

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Run Run. es.- El abogado Alonso Medina Roa alertó a la comunidad internacional sobre la arremetida por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los defensores de los derechos humanos en Venezuela quienes están siendo perseguidos por los cuerpos de seguridad del Estado imponiendo una política de terror y tortura.
“A raíz de las constantes denuncias realizadas por los defensores de derechos humanos sobre la tortura sistemática, los tratos crueles e inhumanos, de la institucionalización de la tortura en Venezuela, y por defender a los presos políticos como el Capitán Juan Carlos Caguaripano, fue iniciada una ola de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas por parte de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado”, denunció Roa.
El abogado detalló que hasta el momento la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga el caso de la masacre de El Junquito ha contabilizado 31 detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del estado, como también han ocurrido allanamientos sin orden judicial y secuestros. “Los abogados defensores de los ciudadanos vinculados con el caso del Capitán Caguaripano y ahora también relacionados con el caso de Oscar Pérez, están siendo hostigados y amenazados constantemente por funcionarios del estado, con la finalidad de hacer que se abstengan y tengan temor a defender a cualquier ciudadano que esté relacionado con dicha causa”.

22 ene 2018

En Aragua los policías también son víctimas de vivir y trabajar en el estado más violento del pais

Por Gregoria Diaz/Cronica Uno

De los casos registrados en la entidad durante el 2017, Fundepro da cuenta de 50 agentes de seguridad asesinados, de los cuales 43 eran efectivos policiales de distintos cuerpos de seguridad como la Policía de Aragua, la Policía Nacional Bolivariana, Cicpc, Sebin, policías municipales y 7 eran militares, la mayoría de la GNB.

Los altos índices de violencia que se han registrado en Aragua en los últimos años, han traído consigo otro fenómeno criminal que está atentando contra los familiares y los propios funcionarios, como es el desplazamiento de estos de sus lugares de residencia.

Maracay. El pasado lunes 8 de enero de 2018 se conoció el homicidio del supervisor jefe de la Policía del estado Aragua, Carlos Edilberto Flores Villanueva, de 44 años, en la población de San Mateo, municipio Bolívar. Tres hombres armados trataron de robarle su camioneta Vitara, pero él aceleró, se estrelló contra un árbol y le dispararon varias veces frente a su esposa. Flores se convertiría en el primer funcionario policial de la entidad asesinado en los primeros días del 2018, engrosando la larga y lamentable lista de policías y militares que han sido víctimas de la delincuencia desatada en el estado.

Aragua tiene el nada envidiable honor de encabezar la lista de los estados más violentos del país de acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) con 155 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y los funcionarios de los cuerpos de seguridad no escapan a esta realidad.

Fundepro condena la muerte de 9 personas durante la operación “Gedeón” en El Junquito

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Cronica Uno.- De acuerdo con la Fundación al Debido Proceso, durante el operativo realizado el pasado 15 de enero, que terminó con la muerte del exfuncionario del Cicpc, Óscar Pérez, se violaron contenidos de leyes nacionales y tratados internacionales.

Caracas. Presencia de ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos es la conclusión a la que llegó la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) luego de que 9 personas perdieran la vida durante un operativo realizado el pasado 15 de enero en El Junquito.
Entre los fallecidos se encuentra el exfuncionario del Cicpc, Óscar Pérez, junto con 6 miembros de su equipo. Así mismo, dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que participaron en el operativo, según confirmó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Vea lo que hicieron con española liberada por orden de la ANC




EPMundo.- El juicio contra la joven hispano-venezolana Andrea González continúa en Venezuela pese a que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) le dio la libertad plena y ordenó su destierro a España cuando fue liberada el pasado 23 de diciembre.
“Según la ANC ella tenía libertad plena y traslado en el caso de Andrea a España”, explicó hoy a Efe su abogado, Joel García.
El letrado mostró su sorpresa porque el tribunal que lleva el caso no confirmara esta decisión y les comunicara que el juicio continúa y su clienta debe estar disponible para presentarse ante la corte.
En la misma situación que Andrea -galardonada con el premio Sájarov 2017 del Parlamento Europeo, que la considera una “presa política”- se encuentran sus compañeros de causa, Betty Grossi, Dany Abreu y Héctor Zerpa.

18 ene 2018

Funcionarios de Contrainteligencia Militar torturaron a presos este domingo en Ramo Verde

Vista general de la prisión de Ramo Verde en Los Teques, donde está detenido el líder opositor Leopoldo López REUTERS/Marco Bello

La Patilla.- Golpes, electricidad y hasta sustracción de efectos personales hubo anoche en el Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) agredieron sin contemplaciones a los reclusos.

Pasadas las 11 de la noche, el contingente de la Dgcim llegó a la cárcel de Ramo Verde. Familiares de los privados de libertad denunciaron que los funcionarios golpearon a todo el que se consiguieron en su camino. “A algunos les aplicaron electricidad y a la mayoría les robaron su dinero y otras pertenencias, como ropa, libros, productos de uso personal y hasta la comida que con mucho esfuerzo les llevamos”.
Esta no es la primera vez que la Dgcim llega a Ramo Verde con actitudes similares. El

16 ene 2018

Comunicado de FUNDEPRO (Caso Oscar Pérez y su equipo)

COMUNICADO

Los miembros de la Fundación para el Debido Proceso "FUNDEPRO",  condenamos ante la opinión pública, el procedimiento realizado en fecha 15 de enero del presente año en la ciudad de Caracas, específicamente en la localidad del kilómetro 16 de El Junquito, donde resultaran abatidos, heridos y detenidos  varios ciudadanos venezolanos, utilizando las palabras emitidas en un comunicado del Ministerio del  Interior Justicia y Paz, donde se violaron contenidos de tratados internacionales así como de  leyes nacionales.

CONSIDERANDO:
1.- Que nuestra Carta Magna, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos establece las obligaciones que tiene el Estado de actuar de determinada manera o abstenerse de ciertos actos, con el fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de personas o grupos. Todo proceso o acción orientada a posible violación de derechos humanos debe llevarnos a la reflexión a fin de evitar la realización de las mismas.
2.- Que el sistema de seguridad interna de nuestro país del cual forman parte los distintos entes policiales, así como la Guardia Nacional Bolivariana,  desempeñan un papel fundamental al servicio de las personas, de su vida, de su integridad personal así como de la protección de  sus bienes, sin discriminación alguna.
3.- En el entendido que los organismos de seguridad están al servicio de todos y cada uno de los residentes de nuestro país contribuyendo para que el Estados cumpla mejor sus obligaciones frente a la población que está bajo su protección.  Y que dentro de un marco constitucional se deben respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, la libertad de pensamiento y su derecho a ejercerla.

CONDENAMOS:

15 ene 2018

309 funcionarios fueron asesinados en 2017, 11% menos que el año anterior


Efecto Cocuyo.- Desde hace cinco años la delincuencia le ha quitado la vida a 1.636 agentes de seguridad. Así lo señala la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) en su Informe sobre Funcionarios caídos 2017, en el que revela que el año pasado cerró con la muerte de 309 funcionarios policiales, militares y escoltas civiles.
La cifra muestra que ha habido una reducción en el número de agentes en relación con años anteriores. Para 2013, Fundepro contabilizó un total de 350 muertes, la cifra más alta registrada en los últimos cinco años. En 2014 se redujo a 295; en 2015 incrementó a 338; y en 2016 cerró con 344 decesos.

309 policías y militares fueron asesinados en 2017

Carlos D´Hoy
El Universal.- 309 funcionarios policiales militares y escoltas fueron asesinados en el año 2017 de acuerdo al balance presentado por la organización no gubernamental Fundación para el Debido Proceso (Fundepro).
Jacqueline Sandoval, coordinadora de la ONG, señala que tal como ha venido ocurriendo en años anteriores el estado Miranda mantiene el primer lugar como la entidad más peligrosa para funcionarios policiales y militares seguido por seguido Aragua y el Distrito Capital.

En el estudio por entidades federales se puede observar que el estado Miranda encabeza la lista con 58 asesinatos, le sigue el estado Aragua con 50, Caracas con 42, el estado Carabobo con 30, Zulia con 24, Bolívar con 23, Lara con 15 y Anzoátegui con 13.Jacqueline Sandoval, coordinadora de la ONG, señala que tal como ha venido ocurriendo en años anteriores el estado Miranda mantiene el primer lugar como la entidad más peligrosa para funcionarios policiales y militares seguido por seguido Aragua y el Distrito Capital.

Si se observa de manera disgregada 231 policías fueron asesinados durante el año pasado, 63 militares y 15 escoltas o trabajadores de la seguridad.

Toman de rehenes a presos políticos en la cárcel 26 de Julio

El Universal.- Una situación irregular se presentó en horas de la mañana de este sábado en la cárcel 26 de Julio, ubicada en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, cuando un grupo de reclusos logró hacerse con el control del centro penitenciario y tomó como rehenes a los internos, entre quienes se encuentra un grupo de 15 presos políticos recluidos en dicho centro.
En el motín habrían al menos dos presos heridos de gravedad, según denunció la diputada a la Asamblea Nacional Adriana Pichardo, quien indicó que los reos alzados estarían armados con al menos una granada.
Carlos Alberto Nieto, miembro de la ONG Una Ventana a la Libertad, indicó que el motín se habría iniciado como consecuencia de las fallas en la distribución de alimentos a la población del recinto, quienes en los últimos días habrían recibido de comer solo arroz. Asimismo se quejan de hacinamiento y malos tratos por parte de los custodios.

12 ene 2018

Luisa Ortega Díaz, una de las responsables del encarcelamiento de los hermanos Guevara


El daño generado por Luisa Ortega Díaz mientras estuvo aliada con Hugo Chávez y Nicolás Maduro continúa para las familiares de los presos politicos. Unas de las víctimas de la fiscal fueron Rolando y Otoniel, los hermanos Guevara, culpados por el homicidio del fiscal Daniel Anderson.
Hernando Contreras, abogado y exfiscal 54 del Área Metropolitana de Caracas, a la periodista María Angélica Correa, señaló que el Estado venezolano está en deuda con esos ciudadanos.
“Las declaraciones del testigo estrella de Isaías Rodríguez, Geovanny Vásquez, de Alexis Peñuela y del propio fiscal comisionado de la causa, revelaron la componenda contra los Guevara, toda vez que hubo una trama de dinero e intereses del Ministerio Público por perseguir a los hermanos debido a su participación determinante contra los intentos de golpe de Estado ocurridos en 1992”, dijo el jurista.

INFORME 2017 SOBRE FUNCIONARIOS CAIDOS, VICTIMAS DE LA VIOLENCIA



8 ene 2018

TSJ en el exilio iniciará ante la Corte Penal Internacional proceso contra jueces penales

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El Cooperante.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio inició un proceso para denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los jueces penales de Venezuela que hayan violado las normas del derecho internacional.
La información fue publicada en la cuenta de Twitter del TSJ en el exilio. En el texto se indica que se pueden enviar las denuncias con sus respectivos anexos o pruebas a un correo electrónico para armar los expedientes.
El ente judicial fue escogido por la Asamblea Nacional el 21 de julio de 2017. Desde ese momento, sus magistrados fueron desconocidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presidido por Maikel Moreno y sus integrantes tuvieron que exiliarse.