Joven con el pecho pintado de sangre, después del asesinato de Kluivert Roa
Carlos Armando Figueredo Planchart
A propósito de las acusaciones contra el diputado Julio Borges, el diario The Wall Street Journal realizó un reportaje sobre la situación actual de Venezuela
Jueves 26 de febrero de 2015, 10:56 am
Julio Borges, diputado de la oposición, fue acusado a principios de febrero de conspirar contra el Estado venezolano. A propósito de esta situación y del asesinato del adolescente Kluivert Roa, el diario The Wall Street Journal (WSJ) publicó un reportaje el pasado veinticuatro de febrero. A continuación el texto:
Los legisladores del partido de gobierno de Venezuela propusieron eliminarle el curul a un diputado de la oposición, a lo que los adversarios del gobierno de Nicolás Maduro dijeron que era parte de una campaña creciente para silenciar el disentimiento.
La medida legislativa llegó cuando una protesta contra el gobierno en la ciudad occidental de San Cristóbal se hizo violenta, con la policía disparando un tiro que mató a un niño de catorce años, dijeron funcionarios.
Los disparos ocurrieron menos de un mes después de que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, emitió una resolución que les permite a los soldados valerse de fuerza letal contra manifestantes si los primeros sienten que sus vidas están en riesgo —una norma que el grupo Control Ciudadano llamó “peligrosamente vaga”.
La movida contra el diputado de oposición, Julio Borges, es un intento de los aliados políticos del presidente de Venezuela –que controlan la Asamblea Nacional– para destituirlo permanente del cuerpo legislativo. Se anticipa que el Tribunal Supremo de Justicia, del que ampliamente se piensa que es aliado de Nicolás Maduro, apruebe la solicitud, tal como lo hizo el año pasado en el caso de otra líder de la oposición.
Sin su curul, Borges perdería su inmunidad legislativa y podría ser investigado respecto a su supuesta participación en un complot para derribar al gobierno. Él niega los alegatos.
“Estamos confrontando un gobierno altamente impopular que se está valiendo de la fuerza bruta y de la represión para distraer de sus políticas erradas”, dijo Borges, fundador del partido Primero Justicia.
Caracas no respondió a solicitudes de comentario.
El pasado martes murió, por impacto de bala, el estudiante Kleibert Roas, en la ciudad de San Cristóbal, conocida por su población activista de estudiantes, en la que las protestas en contra del gobierno el año pasado fueron muy feroces. Después del tiroteo, muchas tiendas cerraron y los funcionarios pararon algunas rutas de transporte público en anticipo de conmoción. Alguna escuelas suspendieron las clases del miércoles.
Al describir el incidente, el presidente Nicolás Maduro dijo: “los policías dijeron que fueron rodeados y atacados con piedras. Uno de los funcionarios de la policía disparó su arma con una bala de goma y mató a este niño”.
El presidente impuso una serie de medidas cada vez más represivas, mientras lucha con una economía en colapso y un decreciente apoyo público frente a las elecciones parlamentarias de diciembre.
“La elite que gobierna a los Estados Unidos de América ha tomado la decisión de concentrar todo su fuego, todo su poder en destruir a la República Bolivariana de Venezuela”, dijo Maduro el lunes en un acto.
Funcionarios de los Estados Unidos dijeron que el gobierno busca chivos expiatorios para la crisis económica de Venezuela.
Más allá de la restricción a los opositores, grupos de periodismo dicen que a su miembros se les somete cada vez más a amenazas y que han sido detenidos por tomar fotos de las largas colas en los supermercados.
Borges participó en una sesión de la legislatura el martes
Hay analistas que dicen que Maduro lucha por mantenerse en el poder a través de la intimidación. La rampante inflación del país —2,2 libras de leche pueden costar hasta tres veces el salario mínimo– y la falta de alimentos, repuestos de automóvil y medicinas es algo que dispara el descontento.
Fundepro, ONG con base en Caracas, que se encarga de hacerle seguimiento a los arrestos, dijo que actualmente hay un total de noventa y seis presos políticos y que ciento setenta y siete personas han sido arrestadas en protestas en lo que va de año. De setenta y siete alcaldes de oposición electos en el 2013, treinta y tres son investigados por el gobierno.
“No tenemos un poder judicial independiente, de manera que actúa al capricho del partido de gobierno”, dijo Jackeline Sandoval, quien dirige a Fundepro. “Anticipamos que esta redada contra cualquier conectado a la oposición continuará”.
Algunos observadores —incluyendo a disidentes que han roto con el gobierno— han criticado la posición de Maduro y dicen que su esfuerzo está condenado a tener el efecto contrario.
“Han incurrido en un gran error al pensar que esta es una fase en la que deben mostrar su fuerza”, dijo Heinz Dietrich, analista político mexicano quien fue un asesor del predecesor de Maduro, Hugo Chávez. “Lo que tienen que mostrar es la capacidad de reformar, no la fuerza coercitiva del gobierno”.
Expertos opinan que la economía requiere una urgente revisión. Las restricciones a la importación han llevado a extensas carencias. Los controles de cambio de divisas inducen una tasa de inflación cercana al 70% anual, la más alta del mundo.
El gobierno, sin embargo, culpa a los comerciantes privados de acaparar productos para desestabilizar el país, acusación que niegan los empresarios. Lo que nadie disputa es que la situación ha empeorado rápidamente.
“Las severas medidas se han hecho peores, absolutamente”, dijo María Corina Machado, líder de la oposición acusada de conspirar para asesinar a Nicolás Maduro y que fue depuesta de la legislatura. “Están cruzando la línea roja”.
Machado, que se enfrenta a dieciséis años de prisión de ser condenada bajo las acusaciones, expresó su frustración por el silencio de los gobiernos latinoamericanos que se inclinan a la izquierda, incluyendo, dijo ella, a la alianza suramericana de Unasur. El grupo se negó a comentar.
Criticó los recientes comentarios del secretario general de Unasur, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, quien dijo que lo que Venezuela necesita es diálogo. Samper no ha querido criticar al presidente de Venezuela, quien ha llamado al antiguo líder colombiano un “gran amigo de Venezuela”.
“Por supuesto que queremos diálogo”, dijo ella, “pero queremos diálogo en una democracia, no un diálogo que es un engaño”.
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Traducido por Carlos Armando Figueredo
El Impulso.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz llamó a los venezolanos y a los cuerpos policiales actuar moderadamente y evitar acciones de violencia.
