De los casos registrados en la entidad
durante el 2017, Fundepro da cuenta de 50 agentes de seguridad asesinados, de
los cuales 43 eran efectivos policiales de distintos cuerpos de seguridad como
la Policía de Aragua, la Policía Nacional Bolivariana, Cicpc, Sebin, policías
municipales y 7 eran militares, la mayoría de la GNB.
Los altos índices de violencia que se han
registrado en Aragua en los últimos años, han traído consigo otro fenómeno
criminal que está atentando contra los familiares y los propios funcionarios,
como es el desplazamiento de estos de sus lugares de residencia.
Maracay. El pasado lunes 8 de enero
de 2018 se conoció el homicidio del supervisor jefe de la Policía del estado
Aragua, Carlos Edilberto Flores Villanueva, de 44 años, en la población de San
Mateo, municipio Bolívar. Tres hombres armados trataron de robarle su camioneta
Vitara, pero él aceleró, se estrelló contra un árbol y le dispararon varias
veces frente a su esposa. Flores se convertiría en el primer funcionario
policial de la entidad asesinado en los primeros días del 2018, engrosando la
larga y lamentable lista de policías y militares que han sido víctimas de la
delincuencia desatada en el estado.
Aragua tiene el nada envidiable honor de
encabezar la lista de los estados más violentos del país de acuerdo con el
informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) con 155 muertes
violentas por cada 100.000 habitantes y los funcionarios de los cuerpos de
seguridad no escapan a esta realidad.
En marzo del 2017, el cuerpo del
funcionario de Poliaragua, Juan Lias Basulto, fue hallado en el
botadero de basura de San Vicente en Maracay con tres disparos en la espalda.
Sujetos desconocidos lo habían interceptado mientras realizaba unas compras en
un abasto de la comunidad. Fue obligado a subirse a la motocicleta en la que se
trasladaban los delincuentes, pero su fatal error fue oponer resistencia. Ya
muerto, los delincuentes arrastraron su cuerpo por las calles del barrio hasta
dejarlo abandonado en el sector Los Tubos.
El dantesco hecho causó conmoción en la
región y en los propios policías, al igual que lo ocurrido en la residencia de
un funcionario policial de Villa de Cura, donde delincuentes le lanzaron un
artefacto explosivo. También se dio el caso del matrimonio que fue asesinado y
quemado en una comunidad de Palo Negro, en el municipio Libertador, por ser
ambos funcionarios de la Policía de Aragua.
Las advertencias criminales ya son
notorias dentro de los cuerpos policiales y sus funcionarios pasaron a
convertirse en el principal objetivo de la delincuencia organizada de la
región.
En el año 2016, la inseguridad,
impunidad y violencia generalizada dio como fatal resultado el mayor número de
funcionarios y escoltas caídos en los últimos cinco años a nivel nacional, de
acuerdo con el informe anual de la Fundación para el debido proceso (Fundepro):
414 agentes involucrados en el área de seguridad perdieron la vida de manera
violenta, de los cuales 291 pertenecían a las distintas policías, 93 era
militares y 30 eran escoltas.
Ese año, de los 414 agentes que
perdieron la vida, Fundepro registró 121 funcionarios de las policías estadales
asesinados en todo el país, de los cuales 71 eran de Aragua; 36 de ellos
pertenecientes a la policía regional.
Un año después, el número de casos de
funcionarios policiales o efectivos militares víctimas de muertes violentas no
varió significativamente. El informe anual de Fundepro señala que “en el 2017
perdieron la vida producto de la violencia 309 miembros de nuestras
fuerzas policiales, armadas y/o agentes de seguridad privada, continuando, como
en años anteriores, en primer lugar el estado Miranda, seguido de Aragua y
Distrito Capital, donde más muertes violentas en este rango se produjeron, y
siguen siendo los cuerpos mayormente afectados la Guardia Nacional (GNB), la
Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía del estado Aragua (Poliaragua)”.
De los casos registrados en Aragua
durante el 2017, Fundepro da cuenta de 50 agentes de seguridad asesinados, de
los cuales 43 eran funcionarios policiales de los distintos cuerpos de
seguridad como la Policía de Aragua, la Policía Nacional Bolivariana, Cicpc,
Sebin, policías municipales y 7 eran militares, la mayoría de la Guardia
nacional Bolivariana. Los meses de junio, marzo y abril, fueron los de mayor
incidencia.
Lamentablemente, dentro de nuestros cuerpos de
seguridad ya no existe planificación de políticas públicas en materia de
seguridad, no hay motivación ni incentivos para el funcionario, son mal
remunerados y no tienen ningún tipo de protección social para él y su familia”, expresó el comisario Braulio Seijas,
exjefe de operaciones de la Policía de Aragua y profesor de postgrado en el
área criminalística en la UNES.
A juicio del comisario Seijas, lo que
está ocurriendo en Aragua es el resultado de la pérdida de autoridad y control
de la seguridad que le ha dado paso a la anarquía, la carencia de solvencia
moral, liderazgo y meritocracia dentro de la institución, el divorcio de los
cuerpos de seguridad con la sociedad, la ausencia de estrategias de autodefensa
y autoprotección y la falta de dotación y de beneficios socioeconómicos. De
allí que sugiere a las autoridades policiales, “salir de la zona de confort y
evaluar con profesionalismo qué está ocurriendo, por ejemplo, en zonas como San
Mateo (Bolívar) y Tejerías (Santos Michelena) y el por qué en la región han
surgido los pranatos”.
Delincuentes obligan el desplazamiento
de policías
El asesinato de policías en la entidad
trae consigo otro fenónemo criminal que está atentando no solo contra los
funcionarios, sino también contra sus familiares.
“En
la Policia municipal de Girardot se han registrado más de 25 casos de policías
que han sido obligados por bandas criminales a abandonar sus viviendas bajo
amenazas de muerte“,
confesó a finales del 2017 a Crónica.Uno, el comandante de ese
cuerpo policial, Comisario Danan Conde.
La autoridad policial del municipio
capital del estado Aragua no niega que muchos de sus funcionarios han tenido
que mudarse de las zonas y barriadas en donde viven, sobre todo aquellas de
alta peligrosidad como San Vicente (zona de paz), Río Blanco, Coropo, Los
Hornos, por mencionar solo algunas. Entre el deber y la vida, se les impone lo
segundo.
Hay compañeros —cuenta una funcionaria
policial cuya entidad pidió no revelar— que han sido sacados de sus
viviendas en plena madrugada por los delincuentes, quienes llegan
con camiones de mudanza ya listos para llevarlos junto con sus familias a
cualquier sitio en donde puedan recibirlos. Generalmente se van a casa de
los padres, hermanos o suegros.
También ocurren otros casos, como el de
una funcionaria a quien los delincuentes le colocaron una pistola en la boca
frente a su pequeña hija y en plena madrugada cargaron sus enseres en un
camión, mientras el conductor —integrante de la banda delictiva— la conduciría
a casa de su madre. Esa sería la garantía de que no los denunciaria: de lo
contrario, ya sabrían donde localizarla.
Según un monitoreo periodistico
extraoficial, en el año 2016 se elevó a 50 el número de policías “desplazados”
—pertenecientes a distintos cuerpos de seguridad en la región—. Ninguno de
estos funcionarios ha recibido un beneficio habitacional, pese a las
incontables solicitudes que han realizado ante sus autoridades y a la Gran
Mision Vivienda Venezuela. De ello da cuenta la madre de un funcionario
policial, quien contó a Crónica.Uno cómo hizo un periplo por
diversos organismos gubernamentales para obtener una vivienda para su segundo
hijo, quien vivía alquilado en San Vicente y fue “sacado por los pranes a punta
de pistola junto con su mujer y sus dos hijos”.
Muchas de estas familias —comenta una
funcionaria— han terminado desintegrándose y separándose, porque además los
salarios que perciben no les alcanzan ni para un cartón de huevos, mucho menos
para cubrir un alquiler.
Y qué decir del drama que siguen
padeciendo las viudas, viudos e hijos de los policias asesinados: la mayoría de
sus deudos aún no reciben una indemnización digna y ni siquiera el pago por los
años de servicio prestados a la institución policial. Tampoco son
asistidos financiera y sicológicamente muchos funcionarios policiales que han
quedado postrados en una silla de ruedas o incapacitados para ejercer cualquier
oficio.
Los familiares de los funcionarios quedan en su
mayoría desamparados al fallecer estos, quienes generalmente eran cabeza de
familia y/o quienes hacian los aportes más importantes. No existen políticas
públicas que garanticen alguna concesión y tramitar alguna indemnización se
hace un calvario en términos generales. No hay seguridad económica”, refiere el informe de Fundepro.
“A
mi hermano lo asesinaron hace 4 años en pleno servicio. A la fecha, la Policía
de Aragua no ha cancelado las prestaciones y beneficios que le corresponden a
su familia. Ninguna autoridad se ha ocupado de su mujer y sus tres hijos“, recuerda con un dejo de resentimiento
un joven que también fue policía pero que prefirió estudiar Derecho, buscando
justicia.
Foto: Cortesía Cuentas Claras
