Casi la mitad de los agentes de seguridad que resultaron muertos el año pasado fueron atacados para robarles sus armas, motos o carros
Un total de 266 integrantes de diversos organismos de seguridad del Estado y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron asesinados el año pasado, según el informe anual que divulgó ayer la Fundación para el Debido Proceso.
126 de estos uniformados, 47% de los funcionarios víctimas de homicidios, fueron atacados para robarlos: 85 fueron despojados de sus armas, a 16 les robaron la moto o el carro en el que iban y a otros 25 les quitaron sus pertenencias.
La institución que sufrió mayor cantidad de bajas fue la FANB, con 49 militares asesinados, de los cuales 39 eran de la Guardia Nacional Bolivariana. En segundo lugar se ubicó la Policía Nacional Bolivariana, con 33 miembros muertos a consecuencia de la inseguridad, y en tercer lugar está el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con 24 funcionarios asesinados.
En cuanto a las entidades en las que hubo más incidencias, el mayor número de homicidios contra agentes de seguridad del Estado ocurrió en la Gran Caracas. Siguen en la lista el estado Aragua, donde hubo 34 homicidios; Carabobo, en donde se contaron 30; Lara, con 24; Zulia, con 16; y Bolívar, con 11.
Derechos humanos. Fundepro propone en su informe que se modifiquen las leyes penales con el objetivo de aumentar las penas de prisión para quienes asesinen o lesionen a policías y militares, y para que el castigo sea aún mayor cuando estos homicidios sean cometidos mientras los funcionarios están de servicio. “Así como buscamos leyes que protejan la acción del gobierno, debemos buscar leyes que protejan a los miembros de nuestros policías cuando son atacados en el cumplimiento o no del servicio, solo porque son policías, o porque no se deslindan de esa cualidad de policía y actúan aún cuando no están en servicio, y más aún cuando es por venganza o por robarles sus armas de reglamento”, se indica en el informe.
“Lamentablemente la crisis de la seguridad no discrimina edad, condición social, ni mucho menos profesión, pero lo que si es necesario es que exista una correlativa necesidad de reformar nuestras leyes y no solo que se formulen recetas simplistas para actuar sobre los síntomas y no sobre las causas. Pareciera que nuestra cultura no apoya el respeto de los derechos a la vida, a la integridad física, a la seguridad social, a la educación, entre otros, de los miembros de los organismos policiales”, agrega Fundepro.
En el informe se critica la carencia de recursos que padecen los cuerpos policiales de todo el país y la falta de estímulo a los uniformados. “Expresamos nuestro clamor como ONG que funciona en el país porque el Estado venezolano, aún cuando se efectuó un cambio de gobierno, continúa alejado del cumplimiento de la normativa adoptada por la comunidad internacional en esta materia”, indica el documento.
