Únicas pruebas contra los Guevara en juicio (IV) por José Luis Centeno S.

Mayo 6, 2021.-  Arvelo, supuesto experto en explosivos adscrito a la DISIP, en juicio acrecentó las contradicciones en la causa penal seguida a Otoniel, Rolando y Juan Guevara, para promoverlo se usó un “acta policial” de fecha 18/11/2004, según la cual, tan pronto muere Anderson calcinado, se colectaron unas muestras de “material heterogéneo” en el vehículo siniestrado, supuestamente elaborada por cuatro agentes policiales y que solo suscribió él.

En el estrado, Arvelo testifica haber llegado al sitio del suceso después que estaban todas las comisiones, dejando ver que no tuvo acceso a la escena del crimen y que cuando quiso acercarse le ordenaron retirarse, pero aseguró haber colectado las muestras, en todo caso, de forma ilegal, pues confirmó que actuó sin orden del Ministerio Público, además, mintió cuando dijo: “al cadáver le falta una mano”. Valga acotar, actuar sin orden alguna de la fiscalía, descalificaba su declaración. Así de simple, pero…

Según su testimonial, dos días después, es decir, el sábado 20, cuando José Rafael López Guédez con el Grupo Operativo Especial del Vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, secuestran a Juan Bautista Guevara, se conoció, gracias a la experticia practicada por Adolorata Cassimire, que las muestras estaban impregnadas de C-4, sin poder precisar cómo las mantuvo y conservó, eso no es lo más grave, luego dirá que en el sitio del hecho determinaron que la sustancia explosiva era C-4.

Únicas pruebas contra los Guevara en juicio (III)* Por José Luis Centeno S.

Si algo demostraron los testimonios de Giovanni Vásquez y Alexis Peñuela es que las pruebas promovidas en el escrito acusatorio eran insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de la que gozaban los Guevara, sin embargo, los condenan, y por hechos distintos a los inscritos en la acusación, ni los unos ni los otros pudieron ser probados fehacientemente por los fiscales Landaeta, Bauza, Simancas, Buznego y Contreras en juicio.

Siguiendo en la misma tónica de irrespeto a la legalidad que debía garantizar el Ministerio Público, el 14/12/2005, Hernando Contreras, promueve el testimonio del experto del CICPC, Hernán José Zurita, solicitud ratificada por Yoraco Bauza, alegando que era una _“prueba nueva”_. Falso, de toda falsedad.

El testimonio de Zurita se promueve utilizando una experticia admitida en Fase Preparatoria, es decir, antes de la Audiencia Preliminar, confirmando dos cosas: 1) su admisión y valoración en juicio fue ilegal, y 2) fue una constante en el juicio la adulteración, perdida o presentación incompleta de documentos, eso puede apreciarse en el Acta del debate.

16 militares ultimados por el hampa en lo que va de 2021

 -En el último suceso, un sargento de la Guardia Nacional murió a manos de una banda armada, durante el asalto a un puesto en el estado Zulia, en la madrugada del lunes

Crímenes sin castigo | 3 de mayo de 2021

De acuerdo con registros de Fundación para el debido Proceso (Fundepro) durante los cuatro primeros meses de 2021 han perdido la vida dieciocho funcionarios castrenses, como consecuencia de ataques por grupos delictivos.

Según la estadística aportada por la coordinadora de la organización, Donagee Sandoval, en enero contabilizaron 2 muertes; febrero 7; marzo 5 y abril 4. El más reciente hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en la 5ta compañía del Destacamento 113 de la Guardia Nacional D-113, en la vía La Rita-Zulia.

La minuta preliminar indicó que varios hombres armados ingresaron al parque de armas y sometieron al sargento mayor de primera Dega Rodríguez Moreno. Luego lo hicieron rehén para facilitar el escape. Encontraron su cadáver en el sector 19 de abril, municipio Santa Rita. Tenía un impacto de proyectil en la cabeza.

Comunicado| 105 organizaciones y 131 personas exigimos que el Estado cumpla sus obligaciones para erradicar las violencias contra las mujeres

 

La Red Naranja, organizaciones de la sociedad civil, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, ante las innumerables y lamentables denuncias públicas realizadas por las víctimas y sobrevivientes durante los últimos días, principalmente en redes sociales sobre los múltiples tipos de violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela, señalamos nuestra profunda preocupación y hacemos un llamado urgente a la acción en los siguientes términos:

Como recientemente fue expresado por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las deficiencias en el marco legal venezolano en materia de violencia basada en género y las fallas estructurales de las instituciones del Estado continúan impidiendo a las mujeres el disfrute de su derecho a una vida libre de violencia. Esta situación se ha visto agravada por la crisis institucional y humanitaria por las que atraviesa el país y aún más, por la actual pandemia de COVID-19.

Jhoan Centeno, en el umbral de riesgos ignorados. Por José Luis Centeno

 

La urgencia médica de uno de sus dos hijos menores de edad forzó el regreso de Jhoan y Germary a Venezuela en diciembre de 2019, seis meses después, finalizando el mes de junio, en su hogar y junto al resto de su entorno familiar, bruscamente, circunstancias signadas por la adversidad perturban sus vidas, nada parecido a las situaciones difíciles superadas en 17 años de unión conyugal, dentro y fuera del país.

“El castigo es el proceso”, escribió el eminente catedrático Ángel Zerpa en su cuenta en twitter el 07/04/2021, punición o escarmiento que se hace mayor, inscrito por algunos entendidos en el campo de la tortura, cuando los derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable, noción del todo comprensible tomando como ejemplo el fallecimiento en marzo de este año de un privado de libertad en la Cárcel de Uribana.

El fallecido, José Hernández, era beneficiario de una “medida cautelar” otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su caso esa instancia internacional “solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para proteger sus derechos, asegurando el acceso a los tratamientos médicos prescritos por los médicos correspondientes”, según el “comunicado de prensa 83/21”, emitido por la CIDH, “se informó que no recibió atención médica oportuna”.