La justicia se caracteriza por darle a cada quien lo que le corresponda, pero cuando se trata de la justicia revolucionaria vemos lastimosamente como el derecho es aplicado en forma acomodaticia.
Lo mas impresionante… cuando miles de internos claman por que exista celeridad procesal, lo que ha llevado a cientos de motines en los últimos 10 años, miles de muertos debido al hacinamiento, a nivel nacional mas de 100 funcionarios policiales asesinados en el 2013, lo que nos lleva a afirmar que existe ausencia de una política criminal, pero cuando se trata de aplicar la justicia roja rojita, la celeridad es digna de admirar, lo que significa que si se puede.
Aquí la premisa de que el motivo no es espíritu de justicia, sino de venganza cobra fuerza indudablemente, porque no podemos pensar en justicia cuando vemos acciones como las tomadas por el Juzgado 12 de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescente en contra de El Nacional y de los medios en general, quien en su oportunidad (agosto de 2010) abrió investigación en contra de este y ahora el Juzgado Tercero de Juicio con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescente, le impone una multa equivalente al 1% de sus ingresos brutos durante el año 2009, por la publicación de una foto.
Vimos como un sector de nuestra sociedad (el gobierno) se desesperó por una foto, que es un hecho real, lastimosamente, que la morgue principal de los servicios forenses colapse, en especial los fines de semana, pero mas que una foto nuestros niños, niñas y adolescente de las clases populares cada fin de semana en sus barriadas, donde se vive al acecho de la delincuencia, observan hechos de violencia peor de lo que pudiéramos observar en una fotografía, ya que se vive, se sufre en carne propia, donde para ellos un tiroteo es lo mas normal del mundo, donde lo primero que consiguen son armas para sobrevivir. Ni pensar del hambre que pasan, cuando también hemos sido testigos de la pudrición de toneladas de alimentos, así como la desaparición de los mismos, que por cierto no se averigua con la celeridad que se merece tal hecho público y notorio por demás.
Vimos en la oportunidad de ese suceso (año 2010) que terminó recientemente con la sentencia que IMPONE a El Nacional la prohibición de publicar imágenes de contenido violento, armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos, como los funcionarios del Servicio de Medicatura Forense reclamaron su derecho a que se les deje trabajar, situación que todos apoyamos además, porque si tuvieran el personal y los recursos necesarios, no tuvieran que laborar en esas condiciones y menos tener que ver personalmente un hecho dantesco como lo que observamos en una fotografía.
En otro contexto, penalmente el mantener “arrumados” los cadáveres como son vistos en la fotografía publicada en los distintos diarios es un delito ya que al colocar un cuerpo en un suelo distinto al sitio donde ocurrió el hecho o al lado de otro cadáver ajeno al caso que se investiga sin tomar las medidas de seguridad correspondientes automáticamente y por transferencia se corre el riesgo que se modifique o altere evidencias que sirvan para resolver o desviar una investigación ya que podrían adherirse elementos, sustancias, cuerpos extraños etc., que por acción u omisión alterarían el curso de la investigación de un hecho punible.
Voceros del gobierno y órganos jurisdiccionales prohíben que este tipo de reseñas fotográficas sean publicadas ya que van en contra de la moral y la psiquis de los menores de edad, pero cuando los jefes policiales presentan a los medios de comunicación personas detenidas con sus rostros totalmente cubiertos con capuchas negras y amarrados cual trofeo de caza no solamente torturan al que observa dicha “práctica policial” avalada por el Ministerio Público si no que también torturan al detenido y violan la Constitución de la República Venezolana ya que esta prohibido exponer al escarnio público a un detenido sin el consentimiento del mismo pero nadie dice nada.
Nadie se preocupa ni abre averiguaciones al respecto cuando los representantes del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional
JACKELINE SANDOVAL DE GUEVARA
Directora Ejecutiva
FUNDEPRO
