La abogada Magaly Vásquez dijo que los procesados deben conocer quiénes los investigan y juzgan. Advierten que figuras generarán impunidad
La propuesta del presidente Nicolás Maduro de crear mediante ley habilitante jurisdicciones especiales y fiscales sin rostro para combatir la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y el sicariato es considerada inadmisible por abogados.
La jurista Magaly Vázquez, profesora de Procesal Penal y directora de posgrado de la UCAB, dijo que quienes garantizan la justicia son los jueces, a los cuales se les exige imparcialidad, en tanto que corresponde a los fiscales garantizar objetividad, que es una condición del Ministerio público.
Explicó que los procesados tienen derecho de conocer quiénes los investigan y quiénes los juzgan. Sostuvo que ambas figuras están conectadas. Destacó que el planteamiento de Maduro es electoral y político, pero no resiste un análisis jurídico por su inconstitucionalidad. Dijo que el Gobierno genera confusión con sus anuncios y criticó que el Presidente mezcle delitos de corrupción con delitos de la delincuencia organizada.
“Los jueces sin rostro atentan contra garantías fundamentales porque se prevé que los jueces deben ser independientes, autónomos e imparciales y que estén habilitados para ejercer sus funciones. Si no se conoce al juez es imposible garantizar estas condiciones”, destacó.
Vásquez y el penalista Juan Carlos Gutiérrez dijeron que la propuesta de Maduro viola el artículo 49, ordinal 3, de la Constitución.
Gutiérrez manifestó que los jueces sin rostro contradicen el principio jurídico de inmediación, que prevé el contacto directo del juez con el procesado y del juez con las pruebas. Indicó que debe protegerse al procesado y que esta premisa fue la que originó la eliminación de los jueces sin rostro en Colombia para delitos del narcotráfico.
“En una habilitante no pueden establecerse delitos penales, sólo pueden incluirse aspectos procedimentales”, dijo. Considera que un procedimiento como el propuesto generaría más impunidad.
Defensa. El penalista Jesús Ollarves afirmó que los jueces sin rostro en Colombia y Perú demostraron que esa figura viola el derecho a la defensa y el derecho a una justicia transparente.
“El Comité de Derechos Humanos criticó el sistema de justicia de Colombia, en el que se le ocultaban a la defensa los nombres de los jueces, fiscales y testigos cuando los cargos estaban relacionados con narcotráfico, terrorismo, rebelión y tenencia ilícita de armas. Declaró que el sistema judicial colombiano no estaba en consonancia con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, indicó.
El jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, Edgar Zambrano, señaló: “No parece el mejor mecanismo apegado al legitimo derecho a la defensa, equidad e igualdad, así como el debido proceso. Representan un franco retroceso en el procedimiento penal del país. Pasamos del régimen inquisitorio al acusatorio como un avance significativo en la modernización de la justicia”. Considera que la práctica anunciada por Maduro es perversa.
En Copei piden voluntad política contra la corrupción y policías con rostro. Señalan que, más allá de anuncios, lo importante es la aplicación de políticas integrales.
