JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
No sólo respaldó la decisión del Gobierno de sacar a Venezuela de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sino que la fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz, le restó importancia al negar que la medida vaya a aumentar
la desprotección en la que están las víctimas de violaciones a sus garantías
fundamentales; y atribuyó esta opinión a grupos que "desprecian a las
instituciones del Estado".
"Hay una preocupación que han manifestado algunas personas: ¿A dónde vamos
a acudir? ¿Cuál es el mecanismo de protección que va a tener Venezuela? Primero
en Venezuela se respetan los Derechos Humanos y en Venezuela existen mecanismos
que establecen la Constitución y las leyes para denunciar: Está el Ministerio
Público, pero hay un desprecio por las instituciones del Estado en esos que
denuncian que estamos desprotegidos", afirmó ayer la funcionaria, en el programa
que todos los jueves conduce por Radio Nacional Venezuela (RNV).
Sin embargo, el despacho de Ortega Díaz no ha podido resolver ni llevar
ante los jueces a los responsables de casos como las masacres de El Amparo, El
Caracazo o del Retén de Catia, pese a que han transcurrido más de 20 años desde
que ocurrieron. La única instancia que ha emitido un pronunciamiento sobre esos
crímenes, ordenando al Estado indemnizar las víctimas y sancionar los
responsables fue precisamente la Corte Interamericana.
En su informe de gestión correspondiente al año 2009 el Ministerio Público
reconoció que de las 9.610 denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que
recibió solamente 315 terminaron ante los jueces; es decir apenas el 3%.
Espaldarazo total
Ortega Díaz apoyó la salida de Venezuela del tribunal internacional, por
considerar que el mismo "nunca ha hecho nada serio para que se investiguen y
sancionen" los crímenes cometidos durante las dictaduras que plagaron a la
región.
La Corte Interamericana en caso contra Perú (Barrios Altos) declaró
ilegales las leyes de amnistía dictadas por el Gobierno de Alberto Fujimori a
favor de un grupo de militares y policías que participaron en acciones contra
grupos guerrilleros, al señalar que los delitos de lesa de humanidad son
imprescriptibles.
En acatamiento de este dictamen la Corte Suprema de Argentina anuló en 2005
las polémicas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, las cuales buscaban
cerrar los procesos contra los militares que durante la última dictadura que
vivió ese país (1976-1982) cometieron ejecuciones, torturas y desapariciones
forzadas.
En Chile, por su parte, varios jueces se han escudado en la jurisprudencia
de la Corte para conocer en los últimos años casos de violaciones a los Derechos
Humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989), obviando
así la ley que éste dictó para amnistiar esos crímenes.
Por último, la Fiscal respaldó la propuesta del fallecido presidente Hugo
Chávez para crear un nuevo sistema de protección de garantías fundamentales, que
incluya un juzgado, en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur), de la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o de la Alianza Bolivariana de América
(ALBA). ¿La razón? "El sistema interamericano se ha convertido en un enemigo de
los pueblos latinoamericanos".
