17 DE DICIEMBRE 2013 - 12:01 AM
La excarcelación de Iván Simonovis se convierte en un escenario mucho más probable después de que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseveró tanto ayer como el domingo que el Ministerio Público apoyará cualquier medida que tome el tribunal de la causa a su favor. En esto coinciden el abogado José Luis Tamayo, defensor del comisario; Jackeline Sandoval, directora de la Fundación para el Debido Proceso; y Ángel Zerpa, exjuez y jefe de la cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela.
“La realidad en Venezuela es que la opinión del Ministerio Público tiene un peso específico en las decisiones que pueden tomar los jueces. Aunque no es una opinión vinculante, proviene de un representante del Estado”, afirmó Tamayo.
El abogado celebró que Ortega Díaz se muestre a favor de una humanitaria para Simonovis –la cuarta que la defensa ha solicitado en dos años-, sobre todo, tomando en cuenta que anteriormente la Fiscalía se había negado a que el comisario fuera dejado en libertad por razones de salud. “En la última medida humanitaria que le negaron a Simonovis, que fue en la que el tribunal decidió sacarlo del Sebin y enviarlo a Ramo Verde (dictada el 21 de febrero de este año), el representante del Ministerio Público alegó que podía recibir el tratamiento en el Sebin”, dijo.
Ni objeciones ni apelación. Las declaraciones de la fiscal indican que el Ministerio Público no solo no presentará ninguna objeción en la audiencia en la que la juez Ada Armas debe decidir si otorga la humanitaria, sino que además implica que de ser concedida no interpondrá apelación, explicó Zerpa, exjuez y profesor universitario. “Hay además en esta ocasión una circunstancia de carácter histórica y social: en diciembre otorgan este tipo de medidas”, dijo.
Sandoval, directora de Fundepro, no dudó en aseverar que las declaraciones de la fiscal facilitarán que el tribunal dicte una humanitaria. “Se supone que el juez debe decidir bajo su máxima experiencia y considerando lo que se indique en el informe médico -el juez, la defensa y el fiscal son abogados y el médico es el único calificado para aclarar si una persona está en graves condiciones de salud-, pero al final esto es un entramado jurídico y político donde no se sabe de dónde salen las decisiones”, señaló.
Simonovis cumplió nueve años preso el 23 de noviembre. Fue condenado a 30 años de cárcel por los hechos de abril de 2002. El último informe sobre su estado de salud, expedido por 8 médicos adscritos al Hospital Militar, da cuenta de que padece más de 14 patologías, incluyendo una enfermedad discal degenerativa, deformidad en algunas vértebras, escoliosis lumbar, trastorno hepático, hernia hiatal y calcificaciones en la próstata. Algunos especialistas advirtieron que corre riesgo de fractura y que además de medicamentos y sol requiere de terapia.
Esta es la segunda vez en la que la juez Armas tendrá en sus manos la decisión sobre Simonvis. La ocasión en la que la negó, que se correspondió con la segunda solicitud de la defensa, decidió que el comisario siguiera preso con base en el informe que elaboró un ginecólogo que conversó con el detenido y estableció que estaba estable. Cuando los abogados consignaron la primera solicitud, que se extravió en el tribunal, el juzgado estaba a cargo de Lorena Moreno. La última, en la que lo enviaron a Ramo Verde, fue negada por la juez Dorita De Freitas.
El Dato
Caso Afiuni
El 7 de junio la fiscal general Luisa Ortega anunció en su cuenta en Twitter que había solicitado una medida menos gravosa para María Afiuni. La juez, que había sido sometida a privativa de libertad preventiva mientras duraba el juicio en su contra y que ya tenía tres años y medio detenida, fue dejada en libertad condicional siete días después.
