VÍCTOR LA CRUZ | EL UNIVERSAL
Caracas.- Los abogados de María Lourdes Afiuni, enviaron una carta al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, para que se pronuncien a propósito de las declaraciones emitidas por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, en las cuales solicitó que la Jueza sea nuevamente privada de su libertad.
Varela declaró que "si la Jueza Afiuni pudo acudir a una manifestación pública, es porque se encuentra en perfectas condiciones de salud, de manera que debe ser recluida de nuevo en un centro penitenciario en forma preventiva".
La reacción de la ministra surge luego de conocer la participación de la Jueza en la llamada marcha de los autoconvocados que se realizó el pasado 9 de noviembre, en Caracas.
Las declaraciones de Varela fueron emitidas desde el Centro Penitenciario de la Región Andina, en el estado Mérida, "y a través de ellas exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público (MP) a que vuelvan a privar de su libertad a la Jueza María Lourdes Afiuni. La solicitud fue realizada por considerar que ya habrían cesado los motivos que dieron lugar a la sustitución de la medida cautelar –privación preventiva de su libertad– que anteriormente se encontraba vigente en contra de ella", reza el documento.
La defensa de Afiuni explicó que "el delicado estado de salud fue la causa que motivó la sustitución de la privación de su libertad por el arresto domiciliario. Recordamos que esa última es una medida que posteriormente fue sustituida por la que actualmente se encuentra vigente: prohibición de salida del país, obligación de presentarse cada 15 días ante el Tribunal de la causa y prohibición de opinar o declarar públicamente sobre su caso".
En este sentido, exhortaron al referido organismo a realizar "un pronunciamiento público y urgente en rechazo a las declaraciones de la ministra Iris Varela, por ser ellas contrarias a los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
Del documento se desprende que tales declaraciones son "lamentables", pues son realizadas por "una funcionaria ajena al Poder Judicial, al Ministerio Público y que no tiene nada que ver con el caso, quien realiza una solicitud pública de privar de su libertad a cualquier persona. La Ministra Varela no es ni juez ni fiscal penal, por lo que sus declaraciones públicas, carentes de fundamento y en contra de la libertad de un individuo, deben ser reprochadas de plano"
