Comenzó
el 2014. Muchos tenemos razones fundadas para decir: gracias a Dios se terminó
el 2013. Año en que dos contiendas electorales nos tuvieron en vilo y la
situación económica y social en angustia y zozobra. Los últimos días
transcurrieron con los dimes y diretes que se suscitaron luego de la reunión de
los Alcaldes y Gobernadores de la oposición con Nicolás Maduro y parte de su
tren ejecutivo.
Algunos
han hablado que es el comienzo de un diálogo necesario y estratégico para que
tanto gobierno como oposición puedan sobrevivir y superar el estado de
ingobernabilidad que estamos viviendo. Otros piensan que Nicolás busca apoyo
para las medidas económicas que debe tomar su gobierno de forma urgente este
año, y así conseguimos diversas opiniones. La realidad es que
todos estamos esperando hechos, no palabras. El país está fragmentado,
polarizado y a punto de quiebre económico y social, es decir, si todos los
venezolanos como propósito de año nuevo no nos planteamos la urgencia de buscar
soluciones a los cánceres que nos consumen como sociedad, los venezolanos
veremos cómo se alejan aún más las pocas oportunidades que tenemos de superar
esta crisis político- social y económica por lo menos los próximos 6 años por
venir.
El
regreso al pleno cumplimiento de la Constitución debe ser el pacto social por el
que el gobierno debe transitar junto a la oposición. Las
ramificaciones inconstitucionales en cuanto a estructura legal, instituciones,
difusión y educación del sistema al que llamaron "socialismo del
siglo XXI" que han tratado de imponer, debe ser desmontado.
Nuestra
Constitución es muy clara cuando dice:
Artículo 2. :Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Hay
varios puntos que considero imprescindibles deben darse o ejecutarse por parte
del gobierno para que la oposición pueda considerar que realmente hay intención
de iniciar un proceso de transición que nos pueda devolver el
Estado de Derecho en nuestro país, si es que realmente hay intención de
devolverle a los venezolanos la paz, el bienestar y el progreso que todos
merecemos.
Al
momento de entregar este artículo (lunes 23 de Diciembre) Iván Simonovis seguía
preso, sin recibir ninguna medida que le permita tratarse oportuna y eficazmente
de las dolencias que padece. Los presos políticos seguían presos,
aún teniendo el tiempo necesario para recibir las medidas alternativas por
cumplimiento de la pena que les corresponde por Ley. Los procesados penales por
razones políticas seguían en las mismas circunstancias y los exiliados
continuaban lejos de su Patria. Es decir, no se habían otorgado
medidas humanitarias, indultos o una Ley de Amnistía y Reconciliación política
que acabara con la persecución, discriminación y retaliación que durante 14 años
han dividido a la sociedad venezolana. El cese de la persecución y del discurso
de odio y discriminación contra el otro lado del país que piensa diferente, debe
ser inmediato y asumido por todos los representantes del
gobierno.
Como
segundo punto en mi agenda, está el problema de la inseguridad. El gobierno debe
plantearse la inseguridad como asunto de Estado. El desmantelamiento de los
grupos y colectivos armados que funcionan a sus anchas con la venia del gobierno
en todo el país debe ser tratado con prioridad. No pueden existir fuerzas
armadas paralelas en un Estado donde la impunidad supera el 90 %, lo que hace
que tanto estos grupos como el hampa común se sientan a sus anchas para actuar.
La articulación de todas las policías municipales, regionales y nacionales debe
ser para combatir la inseguridad y devolverle a los ciudadanos los espacios
comunes en su ciudad, en el trabajo, en los sitios de esparcimiento y cultura
que no nos atrevemos a usar o disfrutar ni de noche ni de día por miedo a ser
una víctima más de los delincuentes. Secuestradores, sicarios y homicidas deben
ser los verdaderos perseguidos y recibir todo el peso de la
Ley.
La
renovación de los poderes públicos. El poder Legislativo esta en Mora con los
venezolanos. La Elección de los 3 rectores del CNE, del Contralor General de la
República y de los Magistrados que sustituirían a los 10 que ya tienen su cargo
vencido debe ser el comienzo de la apertura hacia la independencia y
reinstitucionalidad de los poderes públicos. Estos cargos deben ser ocupados por
personas probas, no partidistas y de reconocida trayectoria profesional.
Sin independencia de poderes no hay democracia. Sin Instituciones sólidas
que respondan al servicio de los ciudadanos y no a un partido político, no hay
democracia.
Otro
punto álgido en la agenda sería la despolitización de la Fuerza Armada Nacional
y su regreso a la institucionalidad. Es necesario que nuestros oficiales dejen
de hacer política y se dediquen a los objetivos para los cuales fueron formados.
También es muy urgente que se retome la profesionalización de todo el cuerpo,
que se acabe la propaganda política dentro de los cuarteles, que cesen los lemas
con carácter político en los discursos y que los oficiales vuelvan a los lugares
propios de su profesión, comandos, zonas estratégicas de soberanía, etc., y
dejen que los cargos administrativos civiles que tanto ambicionan ahora, sean
llevados por civiles. La FAN debe dejar de ser utilizado como un brazo político
del partido de gobierno y volver a ser la Institución que señala expresamente la
Constitución Nacional.
Para
culminar, y no porque no queden más puntos, sino porque se me acaba el espacio,
se deben dejar sin efecto leyes inconstitucionales que menoscaben
los derechos de todos los venezolanos, empezando por el Plan de la Patria que
fue convertido en Ley y aquellas que por ejemplo, cambian la división político
territorial, violan la libertad de conciencia y expresión, cercenan el derecho a
la propiedad privada, violan el derecho a la educación libre y plural, el
derecho a estar informados, entre muchas otras. El sector productivo del país
necesita un marco de seguridad jurídica que le ofrezca los correctivos
necesarios para impulsar la inversión y superar el miedo a
quedarse o establecerse e invertir. Depende de la voluntad
política real de cumplir y hacer cumplir las leyes estrictamente
constitucionales. No se le puede pedir al inversor que apueste a
Venezuela, con un fusil apuntándole en la sien.