Airam fernández | Cristina González | ÚN.- Charles Enrique López Serrano estacionó la moto a 80 metros de su casa, en el sector Buenos Aires de El Junquito. Bajó las escaleras de siempre, cuando el reloj se acercaba a las 8 pm. Fue un día duro de trabajo y patrullaje en el barrio Santa Ana de Baruta.
Cuando sacó las llaves ya lo estaban apuntando. Entre cinco delincuentes le quitaron un bolso que solía usar a diario y lo abrieron delante de él. Su pistola 9 mm y su uniforme, dentro del morral, lo delataron. López Serrano era policía, y sólo por esa razón esa noche del 13 de marzo de 2012 se convirtió en uno de los 215 funcionarios asesinados por el hampa ese año.
En 2013 la cifra de oficiales caídos aumentó a 295 -37% más que 2012-, según la base de datos de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro). La ONG contabiliza 510 efectivos de seguridad asesinados en los dos últimos años, de los cuales 11 eran mujeres. Hasta el 27 de enero de este año, Últimas Noticias registró 10 casos más sólo en Caracas. La cifra sigue creciendo.
Según la data de Fundepro, la principal causa de homicidios es el robo de armas, vehículos y otros sin especificar: 113 casos en 2012 y 131 en 2013. En 43 hechos se desconocen las causas de los homicidios porque las investigaciones no han concluido.
Lo que más se roban los delincuentes son las armas de los oficiales. En 31,7% de estos asesinatos ocurridos en los dos últimos años (162 casos), la pistola 9 mm de los efectivos -arma reglamentaria- fue robada, como ocurrió con López Serrano, quien no estaba en cumplimiento de sus funciones, como el 70% de las víctimas.
Más PNB. Los cuerpos de seguridad con más bajas son la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 64 miembros asesinados entre 2012 y 2013; la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 62 efectivos caídos; y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) que perdió a 47 de sus funcionarios en ese período. La mayoría de estos crímenes ocurrieron en la Gran Caracas. Otros estados rojos son Aragua, Carabobo, Miranda y Zulia, con víctimas que tienen entre 20 y 30 años de edad (ver infografía).
Sin embargo, el consultor de Seguridad Física y Tecnológica para el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, Carlos Pérez Barrios, agrega que no solo les disparan por las armas: “Muchas veces, matar a un oficial significa un mérito para el delincuente”.
Últimas Noticias solicitó una entrevista con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, para conocer programas especiales de recuperación de las armas robadas a funcionarios asesinados por el hampa. El Gobierno ha emprendido una cruzada para promover el desarme desde que en 2011 se creó una comisión para atender esta problemática. Pero la respuesta del jefe de prensa del ministerio fue: “Aquí no quieren hablar de ese tema”.
En 2012, Soraya El Achkar, antigua rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) y el Consejo General de Policía, iniciaron un estudio sobre la violencia contra los funcionarios de seguridad. En ese momento la ex rectora dijo que harían pública la investigación, pero fuentes internas de la Unes afirman que ese proyecto no tuvo continuidad.
Un tiro no basta. De acuerdo con los reportes, los tiros van desde uno hasta 15. Les disparan en la cabeza, las piernas, el pecho, el cuello, la espalda y el costado.
De la escopeta que apuntaba a López Serrano salió un disparo que le dio en el pie y lo tumbó. El segundo escopetazo le impactó en el estómago. Ese fue el que lo mató.
El funcionario de Polibaruta aparece en la lista que Fundepro construye desde hace dos años para dejar registro de los funcionarios de seguridad que son asesinados en el país.
Esa noche de marzo de 2012, una semana después de que mataran a un compañero suyo en Catia para robarle el arma, la cuadra entera se despertó con el retumbar de los disparos. Pero los gritos de los vecinos fueron los que anticiparon la terrible noticia a sus padres y a sus tres hermanos, con quienes vivía.
Con cinco años de servicio en la Policía de Baruta y una boda en camino, Charles, tendido en el pavimento y desangrándose, también intentaba gritar. Pero sus cuerdas vocales solo alcanzaban a escupir un fino hilo de voz con el nombre de su mamá. Lo llevaron al hospital Miguel Pérez Carreño, donde murió.
Dos años después, los asesinos del efectivo policial están presos pero con posibilidades de salir por falta de evidencias. Es lo que la fiscal del caso le dice a su hermana. Ella y su familia reciben amenazas constantes por haber puesto la denuncia y por eso tuvieron que mudarse.
Otras causas. Además del robo, existen otras circunstancias en las que un funcionario puede morir asesinado: por venganza, enfrentamientos entre los mismos funcionarios, tiroteos contra módulos policiales y persecución de delincuentes a mitad de un crimen, como ocurrió en diciembre del año pasado, cuando falleció José Manuel Fernández Vega, de 21 años, funcionario de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cicpc, en un enfrentamiento con la banda delictiva “El Picure” en El Sombrero (Guárico).
Un caso más reciente es el de José Palma y Wilfredo González, funcionarios de la Policía de Baruta, quienes perecieron cuando intentaban frustrar un secuestro durante la madrugada del pasado miércoles. Los delincuentes, mientras eran perseguidos por los funcionarios, vieron una alcabala cerca del centro comercial Paseo Las Mercedes, giraron en U, manejaron en contrasentido, dispararon y chocaron de frente con los policías. La patrulla de Polibaruta se incendió y los funcionarios no pudieron escapar.
El jueves pasado concluyó el sepelio en la sede principal de Polibaruta. Los dos féretros estaban cerrados, porque los cuerpos quedaron calcinados. “En la morgue me dijeron que solo había quedado polvo y huesos”, dijo uno de los familiares.
Palma, de 23 años, deja una viuda y dos huérfanos. “Un día antes, mientras patrullaba, le mandó un mensaje a su mujer. Le dijo que la amaba y que su mayor sueño era bailar el vals de 15 años con su bebé. Como que presentía que esa muerte tan horrible lo estaba esperando”, dijo una prima. González, de 30 años, tuvo siete hijos con su única esposa. Uno de los niños, de ocho años de edad, no dejaba de llorar ese día.
Desprotegidos. No en todos los casos las familias cuentan con la posibilidad de recibir un apoyo económico de los organismos policiales. Si muere en cumplimiento del deber, “pudiera haber algún tipo de ayuda de parte del cuerpo policial que favorezca la situación económica de la familia. Eso es lo que se estila”, dice el ex director del Cicpc, Miguel Dao.
El oficial jefe de Polibaruta, David Guzmán, explica que aunque no hay una indemnización establecida y reglamentada, existen proyectos para dar apoyo a los hijos de las víctimas, “pero es un proyecto piloto”, afirma. El único beneficio que reciben las familias es la liquidación del funcionario después de un proceso administrativo.
Mientras tanto, los policías se sienten expuestos y desprotegidos ante esta situación. Un oficial de Polisucre, que prefirió no revelar su identidad, ya ha visto morir a varios compañeros a manos del hampa. “Pero el policía no se va a dejar robar por un malandrito, por eso nos están matando”. Otro funcionario de la PNB lamenta la situación porque los expone a todos. “Son los guardias, los vigilantes, todos los funcionarios de seguridad. Pero qué vamos a hacer, uno está en esto porque le gusta”.
En la mayoría de los casos, las armas robadas no han sido recuperadas, según fuentes policiales. La de López Serrano sigue en la calle, en el mercado ilegal. También las que les robaron a Joaquín Antonio Rodríguez y Andrubi Aparicio, ambos de Poliaragua; a Omar Segovia, del Sebin; a Luis Aguilarte, de Polimonagas, y a José Rodolfo Mendoza, de la PNB. Ninguno de ellos tiene relación con el Polibaruta asesinado en El Junquito hace dos años, salvo que murieron por la misma razón.
