El Instituto de Defensa Legal (IDL), organización de la sociedad civil peruana que trabaja hace más de 30 años en la promoción y defensa de los derechos humanos y la democracia, deplora profundamente los recientes hechos que vienen ocurriendo en el hermano país de Venezuela, como la represión violenta de movilizaciones públicas de estudiantes, la participación de grupos armados ilegales en dicha represión, la profundización de las restricciones y vulneraciones a la libertad de expresión, la persecución penal de opositores políticos, entre otros.
Consideramos que todo Estado tiene la legitimidad para cautelar o restablecer el orden público en su territorio, pero lo tiene que hacer con el uso proporcional y razonable de la fuerza, a través de los miembros de las fuerzas del orden, con plena independencia de poderes e independencia judicial y cautelando el libre ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de expresión. Lamentablemente, no constatamos ello en la Venezuela de hoy.
En ese sentido, exhortamos al Gobierno peruano que a la luz de sus obligaciones internacionales asumidas en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, en especial, tomando en cuenta la Carta Democrática Interamericana que se suscribió precisamente en Lima en el año 2001 como un gesto continental de respaldo a la pacífica transición democrática que tuvimos, que active los mecanismos y procedimientos interamericanos ya previstos, a fin de contribuir al cese de la violencia y la vulneración de los derechos fundamentales en Venezuela.
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