ALICIA DE LA ROSA | EL UNIVERSAL
El 12 de febrero cuando se iniciaron las protestas estudiantiles en Caracas, 37 jóvenes fueron detenidos y llevados al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Parque Carabobo, la mayoría golpeados y vejados por los efectivos de ese cuerpo de seguridad. De ese grupo, tres menores de 15 años en "condiciones especiales, dos niñas y un varón", fueron esposados y encerrados en una celda por varias horas.
La activista y abogada Elenis Rodríguez, presidenta de la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana (Fundeci), junto a un grupo de expertos en Derechos Humanos y abogados de varias organizaciones como Foro Penal Venezolano, la Comisión de DDHH de la Mesa de la Unidad, profesionales del derecho de los partidos políticos, entre otros, no sólo están asistiendo judicialmente a los detenidos, sino recopilando información, testimonios y pruebas de trato cruel y tortura que permitirá sustentar un informe para acusar ante organismos internacionales al Gobierno nacional por delitos de lesa humanidad.
"Hemos hablado con algunos efectivos de la Guardia Nacional (GNB) y de los cuerpos de seguridad del Estado, que no los podemos identificar, a quienes les hemos preguntado por qué han actuado con tanto ensañamiento y su respuesta es que ellos aseguran que son ordenes del Gobierno, sino lo hacen los botan del trabajos. Yo no sé como un funcionario, un juez o un fiscal pueden dormir en paz, llevando a la cárcel a unos ciudadanos y, además, no iniciar investigaciones por maltrato y vejaciones", aseveró la abogada Rodríguez.
Explicó que las detenciones no sólo han sido arbitrarias sino aleatorias. "La orden es detener no sólo a los que protestan pacíficamente sino a quien este cerca de esas manifestaciones. Han privado de su libertad a personas que están en una esquina esperando el transporte, a personas que tengan un morral, a quien este saliendo o entrando en un edificio, como fue el caso de los menores de 15 años. No importa quien sea, el modus operandi es detener, golpear y por último investigar, donde se dan cuenta que esas personas no tienen nada que ver con la situación, los sueltan y no los llevan al Tribunal".
Jonathan Rojas, obrero de una construcción frente al edificio del Cicpc, fue uno de esos casos que defendió el equipo de Fundeci. Comentó la abogada que Rojas escuchó la explosión de un carro de ese cuerpo de seguridad y como cualquier persona, salió de la construcción para saber lo que estaba sucediendo.
"Agarró su celular y tomó una foto. A ese señor por el solo hecho de tomar esa foto, funcionarios del Cicpc lo golpearon brutalmente. Tiene hematomas por todo el cuerpo y le dieron cachazos en la cabeza. Rojas, a pesar de lo que vivió, tuvo la valentía de contarle al equipo todo el maltrato que le hicieron no solo a él sino a los jóvenes que lo acompañaban en la celda", precisó.
La abogada Damiana Marisela Rodríguez, luego de culminar la audiencia de los estudiantes de Puerto Cabello que quedaron privados de su libertad el pasado viernes 14 de febrero, cuando culminó la audiencia le dijo al juez y a los fiscales: "Espero puedan dormir tranquilos". Dijo Rodríguez que ese comentario fue motivo para privar de libertad a su colega y acusarla de instigación al odio e irrespeto a la autoridad. "El tribunal exigió fiadores para otorgar la libertad y desde el lunes está en la calle".
Elenis Rodríguez aseguró que todo lo que está sucediendo en Venezuela desde el 12F, testimonios sobre violaciones a los derechos humanos, las muertes de los estudiante Basil Da Costa, Roberto Redman, Génesis Carmona y Geraldine Moreno Orozco "se están recopilando en un informe que será llevado a los organismos internacionales. En todos estos casos la responsabilidad directa es del Gobierno que preside Nicolás Maduro y por lo tanto debe ser acusado por delitos de lesa humanidad", insistió.
La Asamblea Nacional recientemente aprobó la Ley Especial Para Prevenir y Sancionar La Tortura (2013) que establece en su artículo 18 "penas para el funcionario público que lesione, agreda o maltrate a una persona bajo su custodia o aún cuando no esté detenida, con el objetivo de intimidarla, castigarla u obtener información; o que encubra a quienes torturan, maltraten, o traten cruelmente a alguien. Estas penas pueden ir desde 4 años hasta 25 años de prisión".
"No puede ser que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios llamen a fulminar a un pueblo, como lo hizo el gobernador Francisco Ameliach en su Twitter que borró, y no haya justicia. Pues será la justicia internacional a quien acudiremos para que esto no quede impune", enfatizó.
Con respecto a los exámenes forenses que se les debe practicar por ley a las personas que sufren violación a los derechos humanos, señaló que los fiscales de la Dirección de los Derechos Fundamentales, quienes estuvieron presentes en el Cicpc, Polichacao, Helicoide y BAE, aseveraron que se encargarían de enviar a los galenos pero cuando el equipo revisó las actas policiales , no estaban los informes forenses y al preguntarle a los afectados éstos informaron que no fueron examinados. "Los fiscales están esperando que pasen los golpes para hacer los exámenes y que no salga nada", dijo.
