Es la primera vez que el gobierno admite que en Venezuela se abren causas judiciales por razones políticas, dijo la directora de Fundepro
DIANA LOZANO PERAFÁN | ALEX VÁSQUEZ
El presidente Nicolás Maduro admitió el domingo en la noche que Leopoldo López, coordinador de Voluntad Popular que convocó a la marcha del 12 de febrero, es un perseguido político debido a que, según el mandatario, es solicitado por la comisión de delitos políticos. “Son delitos políticos los que enfrenta”, dijo.
El penalista Juan Carlos Gutiérrez explicó que los llamados a manifestar pacíficamente que ha hecho López no encuadran en ninguno de los delitos políticos establecidos en el Código Penal con el título Delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, que están divididos en los de traición a la patria y los cometidos contra los poderes nacionales y estadales. “Aunque lo que dijo el presidente no tiene asidero legal, sí tendrá consecuencias jurídicas. Desde que Maduro dijo que López enfrentaba señalamientos por delitos políticos lo convirtió en perseguido político”, aseveró.
Gutiérrez indicó que las afirmaciones de Maduro constituyen una injerencia en el Poder Judicial. “Esto es muy grave porque detener a alguien por sus ideas políticas es contrario a la esencia del sistema democrático. Los presidentes se cuidan mucho de no catalogar a nadie de preso político”, advirtió.
Jackeline Sadoval, directora de Fundepro, indicó que el gobierno de Maduro ha habido 284 presos por protestar: 134 en las manifestaciones postelectorales de abril, de los cuales no queda ninguno preso; y 150 de la semana pasada, de los que quedan 17 tras las rejas. “Esta es la primera vez que reconocen que en Venezuela hay perseguidos políticos. Si detienen a López será un preso político reconocido por el presidente; y no un político preso, como suelen decir desde Miraflores”, expresó.
Veeduría. El coordinador de Voluntad Popular informó ayer por Twitter que solicitará veeduría internacional para velar por los derechos humanos de los venezolanos y propuso a los expresidentes Oscar Arias (Costa Rica), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile) y Ernesto Samper (Colombia).
López reiteró que se movilizarán de manera pacífica. Aclaró que la marcha fue notificada, por lo que no necesita de permiso alguno: “Los derechos no se negocian”.