Este jueves Elenis Rodríguez y Jackeline Sandoval, abogadas y activistas de derechos humanos, asistieron al Ministerio Público para realizar la formal apertura de la investigación de torturas y tratos inhumanos vividos por un grupo estudiantes en las manifestaciones de Altamira los pasados días.
"Hoy estamos en la fiscalía porque nuestros defendidos, en los 22 días que llevamos en los tribunales, no sólo han sido atropellados, golpeados y violados en sus derechos humanos, sino que han sido robados. El estado está violando la ley", informó la abogada Elenis Rodríguez.
Asimismo, Sandoval explicó que realizaron la solicitud de una audiencia con la Directora de Derechos Fundamentales, para que converse con las víctimas de esos delitos.
Explicaron que, en materia de derechos humanos, Venezuela tiene tres obligaciones fundamentales que son: investigar, sancionar y repartir. Sin embargo, según ellas el Gobierno durante 15 años se ha dedicado es a reprimir, a perseguir y a privar de libertad a las personas que salen a manifestar pacíficamente, ejerciendo un derecho constitucional.
En este sentido, denunciaron también que la Defensoría del Pueblo ha dicho no haber recibido denuncias sobre estos casos.
"La Defensora del Pueblo señala no tener denuncias, entonces quiénes han fallado es el propio Ministerio Público y los propios tribunales, quienes están obligados por la ley a notificar a la Defensoría del Pueblo cuando se tiene conocimiento de cualquier tortura o trato cruel inhumano", expresó Jackeline Sandoval.
Insistió en que "la Defensora del Pueblo debe dejar de actuar como activista política y olvidarse que es socialista, y cumplir con el cargo que le obedece, sino que renuncie", aseveró.
Dubraska Suárez / @CaraotaDigitalFotos: Francisco Touceiro/i>
Asimismo, Sandoval explicó que realizaron la solicitud de una audiencia con la Directora de Derechos Fundamentales, para que converse con las víctimas de esos delitos.
Explicaron que, en materia de derechos humanos, Venezuela tiene tres obligaciones fundamentales que son: investigar, sancionar y repartir. Sin embargo, según ellas el Gobierno durante 15 años se ha dedicado es a reprimir, a perseguir y a privar de libertad a las personas que salen a manifestar pacíficamente, ejerciendo un derecho constitucional.
En este sentido, denunciaron también que la Defensoría del Pueblo ha dicho no haber recibido denuncias sobre estos casos.
"La Defensora del Pueblo señala no tener denuncias, entonces quiénes han fallado es el propio Ministerio Público y los propios tribunales, quienes están obligados por la ley a notificar a la Defensoría del Pueblo cuando se tiene conocimiento de cualquier tortura o trato cruel inhumano", expresó Jackeline Sandoval.
Insistió en que "la Defensora del Pueblo debe dejar de actuar como activista política y olvidarse que es socialista, y cumplir con el cargo que le obedece, sino que renuncie", aseveró.
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