Los Colegios de Abogados de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Zulia, representados por sus Presidentes, Delegados y la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, reunidos en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, hoy viernes, 21 de marzo de 2014, preocupados por la situación de violencia y polarización que sufre la nación venezolana, atendiendo a nuestra condición de guardianes de los fundamentos que sustentan el Estado Social de Derecho y de Justicia para lograr materializar la libertad e igualdad, teniendo como fin supremo la dignidad del ser humano y la plena vigencia de las instituciones, en atención a los deberes deontológicos que la profesión nos impone, manifestamos:
1. Exigimos al Gobierno Nacional
cesar toda acción represiva contra los estudiantes y demás ciudadanos,
ajustando la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado a los protocolos
y medios de contención establecidos en la Constitución y Tratados Internacionales
en materia de Derechos Humanos.
2. Exigimos a las fuerzas de
seguridad del Estado, militares y policiales, ajustar su actuación a la
Constitución de la República, especialmente en cuanto al respeto de las
garantías procesales relacionadas con la libertad y seguridad de las personas
detenidas, y demandamos que cesen los allanamientos sin orden judicial, acción
constitutiva de delito por parte de los funcionarios que los ejecutan, según el
artículo 184 del código Penal, y violatorios de la garantía de la
inviolabilidad del hogar domestico según el artículo 47 de la Constitución de
la República.
3. Exigimos al Ministerio Público
y a los Tribunales de la República ajustar sus decisiones a los hechos alegados
y probados en autos, con objetividad, haciendo valer el Estado Democrático de
Derecho y de Justicia preconizado por la Carta Magna, especialmente en cuanto a
la autonomía, independencia e imparcialidad de estos órganos del poder público.
4. Reivindicamos el derecho
constitucional a la protesta pacífica, legítima y justa, exigimos adecuar la
misma a los cánones de respeto a los derechos de terceros, sus propiedades y la
sana convivencia ciudadana, evitando la obstrucción del libre tránsito, así
como la destrucción de bienes públicos y privados. Rechazamos los grupos
violentos, cualquiera sea su origen.
5. Repudiamos categóricamente el
uso de las instituciones para la persecución política. Rechazamos por
inconstitucional y antidemocrática cualquier decisión del Tribunal Supremo de Justicia
que ordene medidas de privación de libertad o destitución de autoridades
legítimamenteelectas por el voto popular, violando el debido proceso mediante
juicios sumarios, contrarios a todas las garantías procesales previstas en la
Constitución, como el caso reciente de Enzo Scarano, Alcalde de San Diego,
estado Carabobo, así como la detención de Daniel Ceballos, Alcalde de San
Cristóbal, Estado Táchira.
6. Exigimos el cese de la
represión, censuramos la práctica del Derecho Penal del Enemigo, mediante el
cual se olvidan las garantías procesales básicas, al declarar a personas como
sujetos del sistema penal, por no comulgar con ideologías políticas. Repudiamos
en ese orden la designación de jueces penales por parte de órganos superiores
de la Judicatura, para el procesamiento de hechos ya sucedidos, lo cual viola
la garantía ciudadana del Juez natural.
7. Reclamamos el respeto a la
Constitución n, Tratados Internacionales y principios básicos de convivencia
social. Sólo con Justicia se alcanza la paz y sólo con institucionalidad se
logra la Justicia.
8. Urge la inmediata
reinstitucionalización del país, en términos plurales y democráticos. Exigimos
la inmediata designación de las autoridades con períodos vencidos, a saber:
Contralor General de República, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y
Rectores del Consejo Nacional Electoral, con el acuerdo de la mayoría
calificada, en apego estricto a la Constitución. Demandamos una democracia
plena, separación de poderes y ejecución autónoma de funciones.
9. Exigimos respeto al ejercicio
de la abogacía y en tal sentido, demandamos que los abogados y procesados no
sean obligados a ejercitar la defensa en instalaciones militares o en lugares
distintos a los juzgados y en horarios nocturnos durante prolongadas
audiencias, al final de las cuales son intimidados y expuesta su vida e
integridad física.
10. Nos comprometemos a elaborar
un proyecto de Ley de Amnistía General y hemos acordado la creación del
Observatorio Venezolano de la Justicia, el cual funcionara en cada uno de los
colegios suscribientes del presente acuerdo, así como la difusión del mismo a
los Colegios de Abogados de Iberoamérica.
11. Lamentamos profundamente la
pérdida irreparable de vidas humanas y expresamos nuestra solidaridad con sus
familiares, al propio tiempo que exigimos justicia por estos repudiables
hechos.
12. Invitamos a todos los colegas
del país a sumarse a este PRONUNCIAMIENTO NACIONAL en respaldo al
fortalecimiento de la democracia. Convocamos a toda Venezuela a respaldar el
Articulo 2 de nuestra Carta Magna, según el cual “Venezuela se constituye en un
Estado Social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de
su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia,
la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
