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Después de 13 audiencias, el Tribunal Vigésimo Cuarto de Juicio del Área Metropolitana de Caracas declaró inocente al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, de los delitos de agavillamiento, violación de la zona de seguridad, restricción de la libertad al trabajo y asociación para delinquir imputados tras su participación en la huelga de 16 días en Ferrominera Orinoco, en agosto de 2009.
El dirigente estuvo detenido 17 meses, 12 de ellos en la Policía Municipal entre 2009 y 2010. Luego fue sentenciado a siete años y seis meses, pero a los dos días el Tribunal Supremo de Justicia anuló la decisión y ordenó su reinició.
El caso se ventiló en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por una queja interpuesta por el Sindicato Único de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep-CVG).
Gracias a esa exposición el organismo tripartito pidió -en 2010- la libertad “sin demora” del dirigente sindical y la debida indemnización por daños y perjuicios.
En la última comparecencia la Fiscalía presentó al ex presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, quien dijo que el juicio contra González “es político”.
El ex titular de la estatal acudió a la audiencia en calidad de testigo del Estado pero al ser interpelado sorprendió a todos al declarar a favor del dirigente sindical imputado.
Frente a decenas de trabajadores y organizaciones como el Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y abogados de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), Sabbagh señaló que el juicio fue promovido por una fracción sindical adversa y militante del PSUV, y que él no tuvo ninguna responsabilidad en el inicio de la investigación de ese caso.
Sabbagh no sólo reconoció que se trató de un proceso “injusto” sino que, además, la huelga de 16 días en las minas de Ciudad Piar en agosto de 2009 fue “legítima”.
La declaración de Sabbagh resultó decisiva en la etapa final del juicio, toda vez que se trató del único testigo de peso promovido por el Estado en contra del dirigente sindical.
