JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
Caracas.- El teniente de fragata (r) y abogado Américo Gutiérrez, quien representa a los oficiales y a la tropa que participó en las asonadas militares de 1992 en la batalla legal que mantienen para que les otorguen los beneficios que les prometió el fallecido Hugo Chávez, fue detenido en horas de la noche de hoy en las inmediaciones del Palacio de Miraflores por efectivos de Inteligencia Militar.
Así lo aseguró uno de los combatientes, quien indicó: "Él me llamó y me dijo que lo estaban llevando detenido".
Por su parte, el teniente de fragata (r) Abilio Carrasquel relató pasada las 7 de la noche los efectivos de la Guardia Nacional ubicados ante la sede del Gobierno los dispersaron por la fuerza. "El abogado estaba hablando con un general enviado por el Ministerio de la Defensa y de repente ese señor dijo que no iba a seguir conversando, se retiró y la Guardia comenzó a empujarnos y a dispararnos gas y perdigones otra vez".
Carrasquel no pudo confirmar la captura de Gutiérrez, pero sí que los efectivos de la GN iban tras los manifestantes que portaban sus uniformes de campaña.
En estos momentos el tráfico por la avenida Urdaneta se encuentra totalmente despejado.
Desde hace meses los exuniformados que participaron en las rebeliones que Chávez encabezó en 1992 se encuentran manifestando para exigir el cumplimiento del decreto que él dictó en 2012 ordenando su reincorporación a la Fuerza Armada y sobretodo a su sistema de seguridad social. Sin embargo, el decreto expiró en febrero y solamente unos 1.500 de los más de 3 mil involucrados fueron beneficiados.
Entre quienes sí fueron ascendidos de rango y se le concedieron jubilaciones figuran el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello; el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón; y hasta el exgobernador de Aragua, Rafael Isea, quien se encuentra en Estados Unidos.
"El presidente Nicolás Maduro ordenó que se resolviera nuestro asunto, no que nos lanzaran bombas", se quejó Carrasquel.
Este incidente se produce semanas después de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictase una sentencia en la que proscribe las manifestaciones pacíficas espontáneas y autoriza a la fuerza pública a dispersar toda concentración que no esté permisada.
