Jakeline Sandoval denunció trato discriminatorio | Foto Archivo El Nacional
ALEJANDRO HINDS/el nacional
Abogados criticaron que el Poder Judicial otorgue beneficios procesales a presuntos violadores de derechos humanos, como los acusados como coautores por el crimen de Bassil Da Costa, mientras que mantiene privados de libertad a ciudadanos cuyo delito es ejercer el derecho de protestar.
El Tribunal 48 de Control decidió que el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor material del asesinato, seguirá en prisión durante el juicio; pero otorgó medida cautelar que permitirá a los otros siete involucrados en el caso ser juzgados en libertad.
La decisión beneficia a los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la Policía Nacional Andri Jaspe, acusados por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales.
“Siete funcionarios van a juicio en libertad. Sin embargo, Marco Coello, Christian Holdack y Leopoldo López serán juzgados en prisión”, señaló Elenis Rodríguez, abogada de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, que lleva el caso Da Costa.
“La pregunta que hacemos es por qué a presuntos violadores de los derechos humanos se les otorgan beneficios de este tipo y a otras personas no; es discriminatorio”, dijo Jakeline Sandoval, de la Fundación por el Debido Proceso.
Sandoval agregó que aunque las medidas cautelares otorgadas están ajustadas a derecho, porque los delitos imputados así lo permiten, no son las más apropiadas para mostrar el interés del Estado en respetar los derechos humanos.
El movimiento estudiantil también criticó los beneficios para los funcionarios. “Han recibido un trato excesivamente benigno en comparación con la dureza aplicada a los 3.200 detenidos a lo largo de estos meses de protesta”, afirmó Delibeth Briceño.
