SOFÍA NEDERR / SNEDERR@EL-NACIONAL.COM
La justicia penal en Venezuela se ha desviado en los últimos años y en los últimos meses exhibe fisuras. Analistas del área sustentan esta afirmación en la violación al debido proceso, la persecución a la disidencia, las detenciones arbitrarias, la temporalidad de jueces y fiscales, y la dependencia hacia el Ejecutivo, entre otros elementos.
La abogada Carmen Alguindigue, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Unimet y profesora de la UCV, señaló que una evidencia de que el sistema penal “viene torcido desde hace tiempo” son las últimas encuestas de victimización del Instituto Nacional de Estadística, según las cuales más de 70% de los casos no se denuncian, bajo el argumento de que no hay respuesta. En su opinión, ello demuestra que no existe confianza en el sistema judicial.
Alguindigue dijo que aunque generalmente el porcentaje de casos que se conoce por flagrancia es mínimo, dado la inoperatividad de las policías preventivas, desde febrero se ha elevado de manera llamativa la cantidad de personas supuestamente incursas en delitos.
“En la mayoría de las detenciones en protestas se han violado los derechos del imputado, a quienes no se les permite comunicarse, hacer llamadas o conversar con sus abogados. No hay individualización de los acusados, se les detiene y son llevados a audiencias de presentación por grupos, como ocurrió con los jóvenes desalojados de los campamentos estudiantiles. Se les señalan pruebas que no aparecen y en la mayoría de los casos no se permite el acceso oportuno a las actas”, explicó.
“Prácticamente la carrera judicial no existe, se han paralizado los concursos y los funcionarios terminan por cumplir cabalmente lo que dice quien está a la cabeza de la institución. En el país se ejerce un derecho penal selectivo con un corte de Estado policial”, señaló Alguindigue.
Amedrentar. La abogada penalista Claudia Mujica fijó como inicio de la torcedura penal el año 2002, cuando Hugo Chávez desconoció la sentencia del TSJ que absolvió a los militares del 11-A y posteriormente la Sala Constitucional decidió a favor del gobierno. Señaló que la remoción de jueces y fiscales es una práctica cotidiana que origina retardo procesal.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y otros organismos han advertido sobre la politización del sistema penal venezolano. Aquí la justicia se sustenta en el concepto de que el Estado no se equivoca. Ejemplo de eso son los casos de RCTV y de dirigentes políticos, entre otros. La persecución a la disidencia es otra desviación como ha ocurrido recientemente en la investigación del supuesto magnicidio. No se puede dictar una orden de captura por no acudir a una citación. Hay mecanismos idóneos y después de tres convocatorias se ejerce un mandato de conducción para llevar a la persona a que rinda declaración”, explicó.
Mujica calificó de “absolutamente irregular” que desde febrero hasta la fecha más de 1.900 ciudadanos tengan medidas cautelares, con lo cual están sometidos a restricción de libertades. Cree que otro aspecto cuestionable ha sido que los tribunales decidan mantener bajo prisión a procesados con delitos cuyas penas no exceden los 10 meses, cuando el encarcelamiento se reserva a delitos con penas mayores a 5 años, como ocurrió con los ex alcaldes de San Cristóbal y San Diego.
Consideró excesivo el despliegue policial y militar dentro y fuera del Palacio de Justicia cuando se han trasladado procesados por causas políticas.
“Ha habido una violación masiva de derechos humanos por parte de un gobierno que se jacta de respetar la integridad de los ciudadanos. Esto es un apartheid”, destacó.
A propósito del proceso penal contra los exalcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, aseguró que en marzo que el Poder Judicial actúa con independencia y “sin sesgo político”. La magistrada dijo “estamos apegados a la Constitución y a las leyes. Cumplimos al pueblo que nos debemos”.
El penalista Alberto Arteaga Sánchez señaló que lo más grave es el empleo de la justicia penal para atemorizar, amedrentar y poner al enemigo contra la pared. Refirió como prueba de ello la interceptación de llamadas y correos electrónicos. Destacó el carácter ejemplarizante de las amenazas de casos de presos emblemáticos como el comisario Iván Simonovis, el exministro Raúl Isaías Baduel y más recientemente Leopoldo López.
“Hay una utilización indiscriminada de la justicia penal y el caso de la jueza María Lourdes Afiuni pesa sobre los jueces. El caso de Leopoldo López no tiene precedentes en la calificación de un delito a un líder político por su discurso; tampoco se le puede considerar por eso como parte del crimen organizado. Hay jurisprudencia del TSJ que va en contra de lo que la Fiscalía planteó”, dijo.
Arteaga consideró improcedente que la Sala Constitucional se convierta en tribunal penal al enviar a prisión, destituir e inhabilitar a los exalcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano. “En el caso de los alcaldes si hubiese Estado de Derecho, podría intentarse un habeas corpus”, dijo.
Flagrancia dudosa
En el informe “Venezuela 2014: Protestas y derechos humanos”, realizado por varias organizaciones no gubernamentales, se señala que los cargos imputados a la mayoría de los detenidos en las protestas son instigación pública, resistencia a la autoridad, agavillamiento, obstaculización en la vía de circulación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad con violencia y terrorismo.
El abogado Alberto Arteaga Sánchez indicó que en los últimos meses se ha expuesto a los ciudadanos al terrorismo de Estado, extendido de forma arbitraria el concepto de flagrancia para perseguir a la oposición y se mantienen privados de libertad a estudiantes, dirigentes políticos, manifestantes o ciudadanos que se encuentran por azar en medio de una protesta. “Se justifica el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria, como en el caso de María Corina Machado; se fabrican imputaciones por rebelión o conspiración de una sola persona, sin armas ni hechos concretos; además se ha institucionalizado el delito de cierre de vías que no existe como tal por ese simple hecho”, explicó.
Consideró un absurdo la solicitud que se hizo a la Interpol para capturar a ciudadanos citados como testigos en el caso del supuesto magnicidio. “La Interpol es un órgano de gran solvencia ética en la cooperación de la lucha contra el delito. Por su estatuto no puede intervenir en asuntos de carácter político y este, sin duda, lo es”, explicó.
El dato. La relatora especial de la ONU, Gabriela Knaul, en el acto “Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela”, señaló que desde hace cinco años ha recibido denuncias sobre la ausencia de autonomía judicial en el país. Sostuvo que el hecho de que la mayoría de jueces y fiscales tengan carácter temporal los hace vulnerables a las presiones. El viernes la fiscal Luisa Ortega Díaz dijo que Knaul está mal informada, que el Ministerio Público ha convocado tres concursos para la selección de los fiscales y en el último se postularon 53 abogados.
