16 DE SEPTIEMBRE 2014 - 12:01 AM
El juicio al alcalde de San Cristóbal destituido, Daniel Ceballos, se decidirá a través de una especie de careo entre 18 testigos que lo acusan y 12 que lo defienden, a propósito de su presunta responsabilidad penal por las protestas antigubernamentales ocurridas en la ciudad andina a partir de febrero de 2014.
La acusación por los delitos de agavillamiento y rebelión civil fue interpuesta por el fiscal Rubén Gómez y admitida íntegramente por el juez 25° de control, Alejandro Badell. El abogado Juan Carlos Gutiérrez asegura que se fundamenta en el “llamado violento a la protesta que hizo el alcalde a través de los medios de comunicación social, los cuales actuaron como cómplices”.
Sin embargo, Badell rechazó 11 notas de prensa y 4 videos que registran la posición de Ceballos ante las referidas manifestaciones.
“En esas pruebas que fueron rechazadas consta que el alcalde de San Cristóbal se limitó a procurar la preservación de la integridad física de los participantes en las protestas de carácter pacífico, en el entendido de que se trata de un derecho constitucional. Incluso en una de las notas de prensa quedó registrada su oposición a las llamadas guarimbas, pues consideraba que no estaban dando los resultados esperados por el movimiento estudiantil. Y hay que enfatizarlo: fue el movimiento estudiantil y no el alcalde el promotor y principal actor del cierre de calles”, indicó Gutiérrez.
El abogado informó que, a diferencia del caso de Leopoldo López (respecto del cual no se aceptó ni una sola prueba de la defensa), en el de Ceballos la Fiscalía no tuvo inconveniente en admitir todos los documentos que permitirían demostrar que el alcalde de San Cristóbal no es el responsable de la convocatoria a manifestar en la calle ni del resultado de esas manifestaciones. Gutiérrez aseguró que fue el juez Badell el que puso las trabas y negó una defensa suficiente.
La Asociación de Alcaldes por Venezuela, a través de un comunicado divulgado ayer, se hizo eco de la alegada violación del debido proceso y se solidarizó con Ceballos.
La lista de 12 testigos de la defensa la integran la alcaldesa del municipio Córdoba, Virginia Vivas, el diputado a la Asamblea Nacional Abelardo Díaz, 5 funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal y 5 estudiantes que participaron en las protestas.
Ceballos está preso en RAMO
Verde desde el 19 de marzo, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de un juicio sumario, lo condenó y lo destituyó del cargo de alcalde por no impedir las protestas en San Cristóbal. Sin duda, los mismos hechos por los cuales se le juzga ahora, a pesar de que la Constitución establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
Verde desde el 19 de marzo, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de un juicio sumario, lo condenó y lo destituyó del cargo de alcalde por no impedir las protestas en San Cristóbal. Sin duda, los mismos hechos por los cuales se le juzga ahora, a pesar de que la Constitución establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
Desmejora salud de Enzo Scarano
TIBISAY ROMERO
VALENCIA
La alcaldesa de San Diego, Rosa Brandonisio, denunció que la salud de su esposo, Enzo Scarano, desmejora y se convierte en una “bomba de tiempo” debido a los problemas cardíacos que este padece. Solicitó que su médico personal lo evalúe en RAMOVerde. Responsabilizó al presidente Nicolás Maduro; al gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach; a la ministra de la Defensa, Carmen Meléndez; a la fiscal general de la República, Luisa Ortega, y a las autoridades de la cárcel por el deterioro de las condiciones físicas y psíquicas de su esposo.
TIBISAY ROMERO
VALENCIA
La alcaldesa de San Diego, Rosa Brandonisio, denunció que la salud de su esposo, Enzo Scarano, desmejora y se convierte en una “bomba de tiempo” debido a los problemas cardíacos que este padece. Solicitó que su médico personal lo evalúe en RAMO
Verde. Responsabilizó al presidente Nicolás Maduro; al gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach; a la ministra de la Defensa, Carmen Meléndez; a la fiscal general de la República, Luisa Ortega, y a las autoridades de la cárcel por el deterioro de las condiciones físicas y psíquicas de su esposo.
Scarano lleva seis meses preso. Ha comenzado a sufrir de hipertensión arterial y le aparecieron dos hernias discales que, sumadas a las dos que ya tenía, aumentan sus dolores. También padece de la próstata. La alcaldesa denunció poco profesionalismo de algunos médicos del hospital militar de Caracas. Se refirió a lo ocurrido el domingo, cuando debió ser hospitalizado: “Se burlan de nosotros”. Señaló que en ese centro asistencial no hay la tecnología necesaria.
