Caracas, septiembre 11 (Felipe González Roa).- Un año después de que se materializara la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el balance hecho por los expertos es negativo, sobre todo por lo que se considera una decisión regresiva que afecta principalmente a los más pobres del país.
Durante el foro Corte Interamericana de Derechos Humanos, Última Esperanza de la Justicia, organizado por Amnistía Internacional, el abogado Carlos Ayala Corao enfatizó que con la denuncia del Pacto de San José se generó una grave distorsión entre las garantías reconocidas por la Constitución y la práctica que se registra día a día en el país.
“Indudablemente que quienes han salido perdiendo son las víctimas que han sufrido violaciones a los derechos humanos desde hace un año y que tienen un nivel de protección menor. Los venezolanos nos hemos convertido en una especie de ciudadanía de segunda categoría porque tenemos menos protección”, comentó.
El jurista calificó como “altamente negativa” la evaluación que se puede hacer tras el retiro de la Corte Interamericana.
“Estamos lejos de avanzar en la incorporación de estándares internacionales, en permitir la visita de relatores de ONU, de implementar decisiones como las del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. Yo creo que hay una verdadera decadencia en la protección de los ciudadanos por parte del Estado”, acotó.
A pesar del antecedente que significó la decisión adoptada por el gobierno venezolano, algunos expertos afirmaron que la lucha por garantizar la vigencia de los derechos humanos no cesará.
“No obstante los bloqueos y retos que fomentan los gobiernos, se va a mantener la determinación en la búsqueda de por justicia reparación”, indicó el coordinador general de Amnistía Internacional Venezuela, Julio Bermúdez.
“Las víctimas y organizaciones de la sociedad civil van a continuar denunciando, documentando y moviéndose por casos de violaciones a los derechos humanos en instancias como la Comisión Interamericana, que todavía puede conocer y actuar sobre casos ocurridos en el país, o ante el sistema de Naciones Unidas”, agregó.
Una posibilidad
La abogada Tamara Adrián aseguró que algunas interpretaciones de acuerdos internacionales podrían abrir un resquicio para que las casos de víctimas venezolanas puedan volver a plantearse en la Corte Interamericana.
Enfatizó que no hay ninguna duda sobre la competencia que tiene el tribunal hemisférico para juzgar los hechos ocurridos en Venezuela antes del 10 de septiembre del 2013, pero reconoció que una primera lectura de la situación no permitiría al juzgado conocer sucesos posteriores a esa fecha.
Sin embargo, recalcó que eventualmente se podría invocar las normas que aparecen en la Convención de Belem do Pará sobre los derechos de la mujer y en la Convención contra la Tortura, que hacen referencia a la capacidad de la Corte Interamericana para sancionar este tipo de delitos.
Reconoció que esta interpretación nunca ha sido validada por el tribunal hemisférico. Detalló que los recurrentes sí han esgrimido argumentos que aparecen en diversos instrumentos continentales, pero siempre concatenados con el Pacto de San José.
“Como en el sistema interamericano no es la víctima la que va directamente ante la Corte, sino la Comisión, tendríamos que convencer a la Comisión de que esa es la interpretación válida”, comentó.
A pesar que el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana se materializó hace un año, Adrián afirmó que desde hace mucho tiempo las autoridades venían desconociendo sus pronunciamientos.
“Desde el punto de vista del derecho la salida de la Corte ha tenido un fuerte impacto, pero desde el punto de vista práctico muy poco. Venezuela ha tenido una interpretación regresiva sobre el cumplimiento de las sentencias”, acotó.
