ALICIA DE LA ROSA/ EL UNIVERSAL
"No hay despacho", reza un cártel colgado en la puerta del Juzgado 17, encargado de iniciar el juicio contra María Lourdes Afiuni, quien está acusada por los delitos de abuso de autoridad, corrupción propia y favorecimiento a la evasión por dejar en libertad al empresario Eligio Cedeño, siguiendo una resolución de la ONU.
La Defensa de Afiuni espera desde mayo de 2014 que el Tribunal inicie el juicio, luego de su interrupción en octubre de 2013 por la ausencia de fiscales del Ministerio Público.
"Después de un año que se interrumpió el juicio intencionalmente con la anuencia del Ministerio Público para proteger al fiscal William Guerrero, hoy la juez Marilda Ríos no despachó. El argumento del secretario del despacho es que la magistrada está de permiso", explicó el abogado José Amalio Graterol al salir del despacho, quien aseguró que esta es la tercera vez que se difiere el juicio.
"En una oportunidad, Marilda Ríos dijo que tenía vacaciones obligada, en otra que estaba de asignación especial en la Sala 2 de la Corte de Apelaciones y ahora que está de permiso. dijo que tenia vacaciones obligadas en otras que estaba especial en la Corte de Apelaciones y ahora que está de permiso. Son excusas que denotan que esta juez no es autónoma e independiente; que está recibiendo órdenes de esta revolución de miseria", aseveró el representante legal.
Sostuvo que este diferimiento no es contra Afiuni y su equipo de abogados, "es contra la administración de justicia sana en Venezuela, lo que demuestra que el Poder Judicial está sometido a los intereses del alto Gobierno".
Precisó que es ilegal que María Lourdes Afiuni, continúe con medidas de coerción cuando ya la prorroga impuesta por el Tribunal en noviembre de 2011, está vencida desde hace 11 meses. "Ríos no sólo tiene órdenes de no hacer el juicio sino de mantener las medidas cautelares a la jueza".
Desde el 14 de junio de 2013, María Lourdes Afiuni, quien estuvo recluida por un año en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y más de dos años con arresto domiciliario, se encuentra en libertad con medidas cautelares de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país, de hablar a los medios de comunicación nacionales e internacionales y de escribir en las redes sociales Facebook y Twitter.
Por su parte, la abogada Thelma Fernández dijo ayer a El Universal que el caso sigue en un limbo jurídico "El próximo 10 de diciembre se cumplen cinco años de la detención de Afiuni y sigue sometida a medidas de coerción personal. Ni se le hace un juicio ni se le acuerda el cese de las medidas cautelares".
Recordó que desde el 28 de noviembre de 2012 que comenzó formalmente el juicio se realizaron 8 audiencia en las cuales el propio Ministerio Público hizo comparecer a 43 testigos, 20 de ellos tuvieron como denominador común de las declaraciones "que el proceso que realizó la jueza –quien ocupaba el Tribunal 31 de Control- contra Cedeño, estuvo ajustado a derecho; que hubo allanamiento sin orden; que aparte de los objetos propios de un tribunal, no se encontró algún elemento de interés criminalístico que dieran cuenta de algún delito".
Además, "aseguraron los testigos que hubo boleta de excarcelación; no hubo promesa de dinero ni comunicación alguna entre la jueza y el empresario antes, durante y después de su encarcelamiento y lo más grave, que todos coincidieron en que la detención contra Afiuni fue arbitraria".
