Humberto Prado, miembro del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), señaló que “los presos no son tan estúpidos para tomarse un medicamento sin leer”
Humberto Prado, miembro del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), cuestionó la versión oficial sobre la muerte por intoxicación de 13 reos de la cárcel de Uribana.
“Los presos no son tan estúpidos para tomarse un medicamento sin leer”, aseguró Prado en entrevista con la AFP.
También puso en duda el balance de víctimas, pues dijo que su organización contabiliza 19 cuerpos recibidos en la morgue.
El Ministerio Público designó un equipo de fiscales y expertos en criminalística para investigar los hechos.
Desde el lunes los reclusos llevaban a cabo la protesta para denunciar lo que califican como tratos inhumanos y violaciones a sus derechos humanos ordenadas por el director del penal.
Además de la intoxicación en Uribana, ayer la Fiscalía informó de la fuga de 41 detenidos que abrieron “un boquete en las paredes de los calabozos” de un centro de detención provisional en las afueras de Caracas.
Barrotes adentro
Un familiar de un recluso de Uribana relató a la AFP que los presos son regularmente golpeados durante las requisas, la familia es maltratada, las visitas son limitadas a una por mes, se suministran alimentos descompuestos, el agua potable es racionada a pocos días por semana y que la concentración en pequeños pabellones facilita la propagación de enfermedades como la sarna.
También dijo que este jueves el resto de los reclusos eran mantenidos formados y desnudos en los patios del presidio. Esta información fue imposible de confirmar por alguna fuente independiente.
La muerte de los 13 reos engrosa la lista de incidentes en el sistema penitenciario venezolano, caracterizado por el hacinamiento, las denuncias de atropellos a los derechos humanos, corrupción y violencia, tráfico de armas y drogas por parte de mafias y bandas al interior de las cárceles, al tiempo que el gobierno asegura aplicar un régimen de humanización y disciplina.
150 muertos en seis meses
En la primera mitad de 2014 en Venezuela murieron 150 reclusos en distintos episodios de violencia -como reyertas o motines- en varios centros, según el último informe semestral del OVP.
En 2013, el número de muertes violentas en las cárceles fue de 506. A pesar de la reducción de 14% entre ambos años, el Observatorio asegura que los principales problemas en las cárceles venezolanas siguen siendo el hacinamiento, que alcanza 190%, y las condiciones insalubres y de desnutrición que afectan a los presos.
Así, por ejemplo, Uribana, que fue construida para albergar a 850 personas, tiene una población de 3.700 reclusos.
Paralelamente, en la mayoría de las prisiones el control lo tienen los “pranes” (líderes dentro de las cárceles) y sus bandas fuertemente armadas que constantemente generan enfrentamientos internos, entre otras razones por el control de los negocios de la droga y la conquista de espacios de acción dentro de las cárceles.
El traslado de reclusos ha provocado motines que han devenido en el cierre de al menos tres cárceles, de donde han requisado verdaderos arsenales con armas de guerra y drogas en poder de los reos.
Desde 2011, el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, implementó un plan de humanización penitenciaria para mejorar las condiciones de vida en las prisiones, lograr el desarme de los reos y agilizar los procesos judiciales, todas políticas continuadas por su sucesor Nicolás Maduro.
El gobierno asegura que este régimen desplegado por la ministra del área, Iris Varela, está “superando el viejo modelo” carcelario previo al chavismo, caracterizado “por las deplorables condiciones de irrespeto, descontrol, anarquía y vulneración de los derechos humanos”.
En el primer semestre de 2014, la población carcelaria sumó 55.007 personas –contra una capacidad instalada de 19.000–, de la cual el 64,56% aún se encontraba en proceso, 31,58% ya había sido sentenciada y el resto se encontraba bajo otros regímenes.
“Es un régimen demasiado disciplinario. Lamentablemente se ha manejado las cárceles con una política de control más que de atención y reinserción”, concluyó Prado.
Fuente: AFP
