ND / 8 nov 2014.- El segundo proceso penal contra el alcalde destituido de San Diego, Enzo Scarano, comenzó como un caso de violencia de género que se desempolvó para mantenerlo preso durante el mayor tiempo posible. Ahora la Fiscalía pretende imputarle el delito de ataque al centinela, sancionado en el artículo 501 del Código Orgánico de Justicia Militar con presidió de entre 14 y 20 años.
La persecución contra Scarano marcó un hito en la historia judicial del país. Nunca antes la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se había erigido en tribunal penal para condenar a una persona, como en el caso del ex alcalde por el delito de desacato a la orden de impedir las protestas que ocurrieron en San Diego a partir de febrero de 2014.
Fue un juicio muy corto (apenas demoró una semana) que generó mucha polémica respecto al debido proceso, y además acarreó la destitución de un funcionario elegido por votación popular. Así ocurrió el 19 de marzo, cuando Scarano fue condenado a 10 meses y 15 días de prisión. Desde entonces está preso en Ramo Verde. Un procedimiento similar aplicó el TSJ al alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos.
