EDGAR LÓPEZ
No hay despacho, no hay justicia
Mantener un tribunal cerrado durante tres meses para no tomar una decisión es un exceso sin precedentes en la historia judicial del país. Así ocurrió en el juzgado 15 de Juicio, a cargo de Yhosmar González, quien no dio despacho desde el 14 de octubre hasta el 12 de enero, cuando finalmente negó la liberación del alcalde destituido de San Cristóbal, Daniel Ceballos, como lo había solicitado el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez destaca que la denegación de justicia no solo perjudicó a Ceballos, sino a todos los presos a la orden del Tribunal 15 de Juicio, cuyas causas también se paralizaron. “Si la jueza no tuviera el aval de sus superiores jerárquicos habría sido destituida por incumplimiento de sus funciones. No hay duda de que hubo una orden superior”.
Gutiérrez presume que también corresponde a órdenes superiores que evidencian interferencias indebidas en la administración de justicia la decisión de acelerar los juicios de Leopoldo López y Ceballos. Se ha planteado la posibilidad de que sean postulados a diputados en las próximas elecciones parlamentarias y, en el caso muy probable de resultar electos, podrían salir de la cárcel de Ramo Verde. En el caso de López, la demora en la tramitación de las apelaciones fundamenta su decisión de no cohonestar con su presencia las violaciones al debido proceso.
El estudiante y activista de los derechos LGBTI Rosmit Mantilla está preso en el Helicoide desde el 2 de mayo, cuando agentes del Sebin allanaron su residencia en Caricuao. En diez oportunidades (nueve de ellas imputables a la jueza Octavo de Control, Lucía Suárez) se ha diferido la audiencia preliminar para evaluar la acusación fiscal en su contra por los delitos de instigación pública, obstaculización de la vía, incendio a la propiedad pública, daños graves y asociación para delinquir.
La abogada Theresly Malavé señala que la causa contra Mantilla ha sido deliberadamente enredada con el propósito de forzar la verdad oficial: “Se viene armando un expediente paralelo, a partir de la declaración de uno de los detenidos que avala la tesis de la conspiración y el golpe continuado expuesta por el ex ministro Miguel Rodríguez Torres. Ese muchacho –cuya identificación la abogada prefiere preservar– fue sometido a torturas en las llamadas tumbas del Sebin, los calabozos del sótano 5 de la sede de Plaza Venezuela”.
Una situación similar de indefensión afronta el abogado Marcelo Crovato, detenido el 22 de abril cuando intervino en un allanamiento para defender a un grupo de personas señaladas como conspiradores. Su audiencia preliminar ha sido diferida siete veces. Por orden de la jueza Noveno de Control, Denisse Bocanegra, Crovato está preso en la cárcel Yare III, donde el 22 de diciembre intentó suicidarse.
Pena anticipada y mecanismo de impunidad
El directivo del Foro Penal Venezolano Gonzalo Himiob está convencido de que en los casos de los presos políticos al Estado no le interesa la búsqueda de la verdad, sino convertir el proceso en sí mismo en un castigo.
“Hay muchas personas que permanecen detenidas por delitos que no merecen una pena en su totalidad mayor de seis años de reclusión; es decir, no deberían estar presos, pues en caso de una eventual condena podrían cumplirla en libertad”, agrega Alfredo Romero, director ejecutivo de la referida organización no gubernamental.
Con la reciente detención de Jericó Baute, suman 63 las personas que están detenidas por protestar. Romero piensa que se mantienen presos a los que el gobierno considera más peligrosos: los dirigentes de oposición que más han promovido el derecho de manifestar, como Leopoldo López, Daniel Ceballos y Enzo Scarano; así como los dirigentes estudiantiles que lideraron los llamados campamentos, entre ellos Gerardo Carrero, Gerardo Resplandor, Nixon Leal, Ángel Contreras y Carlos Pérez, recluidos en los calabozos del Sebin. “El retardo procesal deliberado es un denominador común”, asegura.
Las demoras supuestamente intencionales pudieran tener un propósito inverso: encubrir a los autores de los delitos cometidos durante la represión de las protestas que comenzaron en febrero de 2014.
El Foro Penal Venezolano afirma que 16 de los 43 decesos son atribuibles a militares y policías o a civiles armados pro gobierno. Sin embargo, solo 4 están detenidos: el comisario del Sebin José Perdomo, por el asesinato de Bassil Da Costa; y los sargentos segundo de la Guardia Nacional Bolivariana Albin Bonilla y Francisco Caridad, por el homicidio de Geraldine Moreno. El comisario del Sebin Melvin Collazo, a quien se le atribuyó la muerte de Da Costa y de Juan Montoya, fue exonerado de homicidio y está detenido solo por uso indebido de arma de fuego.
Este abono a la impunidad, señala Himiob, es evidente en el caso de Marvinia Jiménez: “La sargento segundo que la agredió, Josneidy Castillo, tiene orden de captura y sin explicación razonable no se ejecuta”.
¿Cuántos militares y policías están detenidos?
El defensor del Pueblo, Tareck William Saab, aseguró que hay 14 funcionarios policiales detenidos por la presunta comisión de excesos en la represión de las protestas.
En el informe del Foro Penal Venezolano titulado “Relación de los casos de asesinatos y estatus de las causas reportadas al Foro Penal Venezolano”, publicado en diciembre de 2014, se señala: “La fiscal general Luisa Ortega Díaz mencionó recientemente ante los medios que solo dos funcionarios están detenidos por asesinatos en el contexto de las protestas. En realidad, de acuerdo a esta aproximación preliminar, serían tres: José Perdomo Camacho (Sebin, caso Bassil Da Costa, Caracas) y Albin Bonilla y Francisco Caridad (GNB, caso Geraldine Moreno, Carabobo). De resto, por asesinatos estaría además detenido un menor de edad (caso Danny Melgarejo, Táchira) y un sujeto, cuyos datos estamos corroborando, por el caso de Arturo Martínez (dirigente del Psuv), en Lara”.
“Según nuestros registros –prosigue el documento, sometidos a medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad (presentación periódica) y a la espera de juicio por su participación en estos asesinatos estarían, hasta esta fecha, nueve funcionarios: del Sebin, Manuel Pérez, Edgardo Lara Gómez, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez; de la PNB, Andry Jaspe; y del Ejército, Jonathan Rodríguez (caso Bassil Da Costa y Juan Montoya). Y en Carabobo, Franklin Martínez y Paola Barroso (GNB) por el caso de Geraldine Moreno”.
“El comisario del Sebin, Melvin Collazo, a quien originalmente se le atribuyó el asesinato de Bassil da Costa y de Juan Montoya, quedó exonerado de los cargos por asesinato y quedó detenido solo por el uso indebido de arma de fuego. Su sitio de reclusión sería la Dirección de Contrainteligencia Militar”, finaliza el informe.
LaCifra
17 de los 63 presos por protestar están recluidos en cárceles, según los registros del Foro Penal Venezolano. En Ramo Verde: Leopoldo López, Daniel Ceballos, Salvatore Lucchese y Jimmy Torres. En Rodeo III: Ramsés Rodríguez, Jesús Pérez, Ignacio Porras, Jordyn Ruiz y Marcos Guillén. En Yare III: Marcelo Crovato, José Aguilera y Jeremías Silva. En Tocuyito: Raúl Baduel y Alexander Tirado. En el INOF: Mailing Márquez y Balvina Muñoz. En La Pica: José Gutiérrez.
