SOFIA NEDERR/EL NACIONAL
Desde febrero de 2014 hasta el 31 de enero de este año el Ministerio Público inició 238 investigaciones por presuntas violaciones de los derechos humanos. De estas, 22 causas continúan abiertas. La información fue ofrecida ayer por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, al presentar un balance de las actuaciones del organismo durante las protestas de 2014.
Señaló que se decidió comisionar al fiscal de derechos fundamentales el caso del ingeniero José Alejandro Márquez, quien murió varios días después de caer de una moto cuando era perseguido por integrantes de la Guardia del Pueblo el 19 de febrero en Candelaria. El caso lo llevaba la Dirección de Delitos Comunes. Actualmente está en fase de investigación y se giraron dos órdenes de aprehensión.
Aseguró que el retardo procesal en el caso de Bassil Da Costa, en el que hay ocho funcionarios del Sebin acusados, es imputable a la defensa, que ha solicitado diferimientos. Giró instrucciones para que se estudie la solicitud al tribunal de dictar una pena menos gravosa para el abogado Marcelo Crovato (Foro Penal), preso en Yare.
Ortega señaló que el presunto autor intelectual de la muerte de la intérprete de señas Adriana Urquiola, Jhonny Bolívar, es solicitado por Interpol donde figura con el código rojo. Pidió a las autoridades cooperar con las investigaciones en todos los casos y aseveró que la funcionaria militar acusada de lesionar a Marvinia Jiménez en Carabobo sigue prófuga de la justicia.
Reportó que los sargentos Albin Rojas y Francisco Barroso están privados de libertad por la muerte de Geraldine Moreno, estudiante asesinada en Valencia. La Fiscalía cuenta 41 presos de un total de 3.351 detenidos durante las protestas. En este grupo figuran 1.507 ciudadanos bajo régimen de presentación. En el informe se reportaron 43 fallecidos, 33 de los cuales son civiles y 10 militares.
“Factores políticos internacionales aliados con grupos internos, irresponsablemente han tratado de crear una distorsionada matriz de opinión sobre los eventos, según la cual la cifra de fallecidos y lesionados es producto de una política de Estado para violar los derechos humanos”, indicó Ortega.
Sin armas. La Fiscalía enviará al Ministerio de la Defensa observaciones a la resolución 008610. “Frente a las dudas la actuación no puede ser uniforme, ni la adecuada. La resolución señala que la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a garantizar el orden público. El 332 constitucional señala que la obligación de mantener el orden público corresponde a la Policía Nacional Bolivariana, pero a pesar de ello pueden existir situaciones que excedan su capacidad; cuando se ponga en riesgo el orden interno, interviene la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, en estas situaciones no se permite el uso de armas de fuego y esta resolución lo incorporó. Creo que eso resulta innecesario”, indicó.
