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El número de miembros de las fuerzas de seguridad asesinados en Venezuela aumentó en casi un 20 por ciento en 2014, lo que refleja la creciente violencia en el país y quizá el alto nivel de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.
La ONG venezolana Fundepro registró 338 asesinatos de policías, militares y agentes de seguridad privada en el país el año pasado, según informó El Universal. Esto representa un aumento del 18 por ciento con respecto a los 295 homicidios de miembros de fuerzas de seguridad en 2013, pero una leve reducción frente a los 350 casos denunciados en 2012.
Con 132 homicidios el año pasado, el distrito de Caracas registró más del doble del total de agentes de seguridad asesinados que cualquier estado venezolano (vea el gráfico de El Universal). La policía municipal fue la más afectada, mientras que las fuerzas estatales y militares registraron más de 50 bajas. Al parecer, 31 miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron asesinados en 2014.
En un correo electrónico, Fundepro le informó a InSight Crime que sus datos provienen de estadísticas de la policía y los militares, así como de informes de prensa.
Si tomamos los datos de comienzos de 2015 como referencia, es poco probable que la violencia contra las fuerzas de seguridad cese en el futuro cercano. Según El Universal, 20 agentes, entre policías, guardias de seguridad privados y militares, fueron asesinados durante los primeros 19 días del año.
Análisis de InSight Crime
Los ataques a las fuerzas de seguridad son un fenómeno difícil de descifrar. Las fuerzas de seguridad son a menudo vulnerables en lugares como Venezuela porque en general cuentan con poco personal y recursos financieros y están pobremente entrenadas y equipadas. Además, los altos índices de violencia en el país las sitúan en una posición altamente vulnerable.
Fundepro señaló que la violencia contra las fuerzas de seguridad se relaciona con la facilidad con que los criminales pueden conseguir armas. Un año después de la implementación de una ley de desarme, las autoridades informaron que menos del uno por ciento de todas las armas ilegales en el país había sido confiscado.
En respuesta a esta situación de inseguridad, algunos policías le dijeron recientemente a un periódico que estaban haciendo lo mínimo necesario para detener el crimen en las calles debido al riesgo al que se enfrentan durante los patrullajes. Un número creciente de agentes de seguridad también parecen estar renunciando al organismo estatal y optan por trabajar para empresas de seguridad privada, pues lo consideran más seguro.
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Por otro lado, también se sabe que las fuerzas de seguridad han estado involucradas en operaciones de secuestro y extorsión, e integrantes de las fuerzas armadas del país han sido vinculados con el narcotráfico. A nivel local, el jefe de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, Freddy Bernal, declaró recientemente que la Comisión planea intervenir nueve unidades de policía municipales que tienen vínculos con el crimen organizado.
