Hasta las 3:00 de la tarde de ayer la directora de asuntos jurídicos de la Defensoría del Pueblo, Aramita Padrino, no se había presentado en el Sebin de Plaza Venezuela como anunció el día anterior el titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek Saab. Padrino constataría la situación de cuatro detenidos que iniciaron una huelga de hambre el sábado. Se trata de Lorent Saleh y Gabriel Valles, extraditados desde Colombia en septiembre de 2014; Gerardo Carrero detenido en el campamento del PNUD en abril de 2014 y un ciudadano de nombre Juan Miguel de Sousa, que según información extraoficial está vinculado a una denuncia de conspiración formulada por el presidente Nicolás Maduro y fue detenido en enero.
“Ellos continúan en huelga de hambre. Mi hijo Lorent está muy débil; lo vi muy deteriorado. Solo toma agua. Si le pasa algo, el gobierno será el responsable porque violaron todos sus derechos. Hasta las 3:00 de la tarde no había ido ni la Defensoría ni el médico del Sebin. Nadie los ha ido a ver”, dijo entre sollozos Yamilet Saleh.
El objetivo de la huelga de hambre es lograr su traslado a otro centro de reclusión. Además, piden la liberación de los presos políticos, fin del retardo procesal, el cierre del área de castigo del Sebin denominada La Tumba y que la Unión Europea considere el caso.
Visitas clandestinas. Carlos Aponte, abogado de Saleh y de Valles, ratificó que ambos, imputados por conspiración, han recibido “visitas clandestinas de parte de la fiscal del caso” para ofrecerles “mejores condiciones de presidio si declaran contra dirigentes de oposición”.
Yamilet Saleh y el abogado reconocieron que en los últimos días les permitieron comer en una mesa, les autorizaron el uso de un reloj a uno de ellos y subieron la temperatura del aire acondicionado en el área donde se encuentran recluidos, conocida como “La Tumba”.
Precisaron que solo permiten la visita de familiares directos dos veces por semana, y de los abogados una vez por semana.
“La Defensoría vino la semana pasada, pero los beneficios fueron mínimos. En cinco meses llevan seis salidas al sol, no hay aire natural, las celdas son de 3x2 metros, tienen que comer y bañarse todos en una hora, tienen una cama de concreto, no se ven ni pueden hablarse entre ellos. Esto es aislamiento”, denunció Yamilet Saleh.
La mujer agradeció la disposición de la Iglesia Católica de enviar un emisario, como anunció el cardenal Jorge Urosa el domingo. “Los muchachos anhelan un representante de la Iglesia”, aseguró Saleh.
Caso Crovato. Luego de casi 9 meses detenido y 10 diferimientos de la audiencia preliminar, finalmente ayer la jueza novena de control de Caracas, Denisse Bocanegra, escuchó el alegato del abogado Marcelo Crovato, detenido en abril del año pasado, cuando asistía a ciudadanos en un allanamiento.
La audiencia preliminar comenzó hace 7 meses, pero en esa oportunidad el tribunal solo escuchó los descargos de la Fiscalía. A partir de entonces la continuación de la escucha fue diferida en 10 ocasiones, hasta ayer cuando fue retomada.
Ayer Crovato relató la violación del debido proceso en su contra, así como la violación de sus derechos fundamentales. Pero luego de poco más de dos horas de escucha, la jueza Bocanegra anunció un nuevo diferimiento de la audiencia para el 19 de febrero porque presenta inconvenientes de salud.
En el mismo expediente de Crovato están señaladas otras 7 personas, entre ellas Jackeline Muñoz, Jesús Pérez e Ignacio Porras.
Crovato fue detenido el 22 de abril de 2014; en diciembre pasado intentó quitarse la vida en la celda donde permanece recluido en la cárcel de Yare III.
