JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
A la tercera no fue la vencida. El inicio del juicio contra los ocho funcionarios policiales y militares señalados de dar muerte al joven Bassil Da Costa el 12 de abril de 2014, luego de la marcha opositora celebrada ese día, previsto para ayer fue aplazado por tercera vez.
La información la suministró la abogada Elenis Rodríguez, una de las representantes legales de Jeneth Frías, madre de la víctima, quien indicó que la funcionaria les indicó que el acto no podía celebrarse porque el Ministerio Público le solicitó que separase de ese proceso la investigación relacionada con la muerte también por un balazo del coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, Juan Montoya, fallecido el mismo día y a metros de distancia de Da Costa.
La funcionaria decidió dejar el inicio del juicio para el próximo 10 de abril y aceptó la petición fiscal, por lo cual desde ayer hay dos expedientes con dos números distintos.
Sin embargo, el artículo 77 permite separarlas si la causa de algunos de los imputados puede ser decidida con mayor prontitud, pues no requiere de actuaciones especiales; si en alguno de los casos se decide "la suspensión condicional del proceso"; si alguno de los procesados decide colaborar "eficazmente" con las autoridades a esclarecer una investigación, evite un delito o permita condenar a otros de los señalados (supuesto especial); y por último cuando "se trate de delitos contra las personas que causen conmoción por su grado de crueldad, y la pena aplicable a una de las causas sea de treinta años de prisión".
Los aplazamientos anteriores fueron responsabilidad de la defensa de los funcionarios acusados, tal y como lo recordó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de los sucesos.
Por el caso de Da Costa fueron acusados el comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Ramón Perdomo y los funcionarios de ese organismo, José Manuel Benigno, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez Osorio, Jonfer Márquez Fernández; y el policía nacional Andry Jaspe, así como el efectivo del Ejército, Jonathan Rodríguez. Sin embargo, solo el primero, a quien se atribuye la responsabilidad de haberle disparado mortalmente al joven, está detenido preventivamente.
Por su parte, por la muerte de Montoya solo está detenido y fue acusado su sucesor al frente de la alianza de los colectivos chavistas, Hermeregildo Barrera. No obstante, el hermano del fallecido, Jonny, cree que falta otros detenidos y ha señalado a "funcionarios" de estar implicados en el crimen.
