Semanario La Razón
En la práctica se evidencia que mi destino es morir en la cárcel por una u otra causa
El caso Anderson ha sido tratado por los medios de
comunicación con delicadeza. Todo el que
intenta hablar del tema se tropezará con las mismas piedras, que al levantarlas
se consiguen con rostros e instituciones de mucho peso vinculados al alto
gobierno, lo que causa temor y prefieren pasar la página. Solo hacen un
comentario cada vez que se cumple año de aquel terrible acontecimiento. La
colectividad en general maneja poca o ninguna información de lo que en realidad
pudo haber ocurrido y cómo se ha seguido manejando la investigación de la
muerte del Fiscal Anderson.
En 11 años se ha demostrado públicamente como un
tribunal y el Ministerio Público se asociaron para darle legalidad a
testimonios falsos creados para poder inculpar a inocentes. Desconocemos el por
qué fuimos escogidos como culpables de eventos político-criminales como lo
fueron las explosiones en la Embajada de España y Consulado de Colombia, los
paramilitares de la finca Daktary, o los francotiradores de puente Llaguno
entre otros.
Once años separado con violencia de mi esposa e hijos,
mi hogar, mi familia; torturado por quienes decían ser mis compañeros y algunos
amigos, hoy temerosos, lamentan haberse prestado para privarme ilegítimamente de
mi libertad a sabiendas que cometieron delito contra los derechos humanos, como lo hacen los jerarcas del
régimen Venezolano que se han dedicado a predicar por el mundo que ellos no
violan los DDHH de quienes aquí habitamos.
El trato a los Prisioneros Políticos es diferente. En mi caso
a finales de 2012 comencé a padecer de cansancio y, fui atendido por el
servicio médico en el primer trimestre de 2013. El diagnostico fue que debía
ser enviado a un cardiólogo. Fui llevado nueve meses después que el juez 6to
de ejecución tomara la decisión. Los médicos del hospital militar detectaron calcificación y obstrucción de arteria
coronaria y pautaron para el 18 de octubre de 2013 un cateterismo. Hasta la
presente fecha no se ha llevado a cabo por falta de decisión del juez 6to de
ejecución, Dra. Violeta Vásquez. La defensa consuetudinariamente solicita ante
el citado tribunal el beneficio procesal, acreedores desde noviembre de 2011 y,
las respuestas son evasivas y sin argumento jurídico.
De estos eventos conoce la Defensoría del Pueblo, la
Fiscalía del Ministerio Público y el tribunal 6to de ejecución.
En teoría en nuestro país no existe la
pena de muerte ni la cadena perpetua pero en la práctica se evidencia que
mi destino es morir en la cárcel por una u otra causa.
El autor es Comisario del CICPC ,
preso en el Sebin por el caso Anderson
