Representantes de las Organizaciones Fundepro, Fundeci, Centro para la Paz y los DDHH-UCV, Red de Apoyo Vente Venezuela, Justicia y libertad, Justicia y Proceso, Caracas Organizada, Asociación de Profesores de la USB, FIA, Unión Venezuela Society, CPFC, CHRIO Venezuela y FUNPAZ, miembros de la "Alianza para la Libertad de los Presos Políticos Venezolanos", acompañados por los familiares de estos, expusieron las violaciones al debido proceso de los cuales han sido víctimas los Presos Políticos y los problemas de salud que están presentando.
En todos los casos de los
Presos Políticos venezolanos se pueden señalar elementos comunes que han llamado
la atención y han despertado la preocupación por las circunstancias en las que
se han realizado las investigaciones y los procesos penales; estas
circunstancias presentan fundados elementos para concluir que se ha transgredido
el derecho al debido proceso, tal como está reconocido en El Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en el artículo 49 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico
Procesal Penal.
Como circunstancias comunes a
este perfil de casos, entre los que podemos mencionar con mayor frecuencia se
encuentran los siguientes:
1.- Inicio inmediato de la
investigación penal después de haberse pronunciado
públicamente algún alto
funcionario del gobierno nacional señalando a determinada persona como
delincuente y culpable de graves delitos, irrespetando el derecho a la
presunción de inocencia; seguidamente el Ministerio Público y los órganos de
investigaciones penales desarrollan la investigación con una diligencia que se
echa de menos en otros casos.
3.- Decisiones y Sentencias
condenatorias sin motivación y sin contar con los medios de pruebas necesarios
para llegar a la misma, incluso con la utilización de testigos
falsos.
4.- Se recurre ampliamente a
medidas provisionales de privación de libertad, en abierta contravención al
derecho a ser juzgado en libertad; se regresa de este modo al lamentable hábito
de “detener para investigar” en vez de “investigar antes de detener”.
Recurriéndose a imputaciones
de delitos con altas penas que después no pueden sostener en ulteriores etapa
como la es la de juicio.
5.- Negación o retardo en la
concesión de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena una vez que se
tiene el tiempo previsto legalmente para llegar a la concesión de tales
medidas.
6.- Retardo procesal o
acelerar el curso del juicio dependiendo de la necesidad o conveniencia del
Estado venezolano.
7.- Se recurre constantemente
a la amenaza de trasladar a las cárceles o internados judiciales fuera de la
jurisdicción de los Tribunales, si se ejerce el derecho a la
denuncia.
8.-Las autoridades judiciales
y penitenciarias ejercen actos arbitrarios dirigidos a negar sin motivo alguno
la solicitud de asistencia médica solicitada por el procesado.
En la mayoría de estos casos,
la detención inicial ha sido de manera arbitraria e ilegal, mediante
allanamiento sin las debidas garantías judiciales, lo cual ha agravado la
situación de la persona detenida, porque los ha colocado en una situación de
completa indefensión de lo que ha permitido que se transgredan otros derechos,
como son los correspondientes a la integridad física y al trato
digno.
Otro factor común se refiere a
las opiniones de altos funcionarios de los Poderes Públicos distintos a los de
la Administración de Justicia, en donde señalan cuales deberían ser las
sentencias condenatorias que deben emitir los Jueces, e inclusive señalando cual
debería ser la pena.
Observamos cada día mas que se
hace difícil, el acceso a recursos judiciales adecuados y efectivos, a la
realización de adecuadas investigaciones y al desarrollo de las mismas en forma
imparcial, seria y diligente y en un tiempo razonable; y a la persecución,
captura, enjuiciamiento y sanción de los autores de los hechos que motivan la
investigación, cuando los familiares han realizado denuncias por violaciones a
sus derechos humanos, favoreciendo en todo momento a la impunidad.
Asi mismo los panelistas expusieron la cantidad de Presos Políticos con problemas de salud y sin debida asistencia médica:
Rolando
Guevara, urge de un cateterismo indicado desde 2013, afecciones
cardiacas, hipertension, y hernias discales
Gerardo Carrero, tiene dificultad para caminar, gastritis severa, sufre
diarreas.
Yeimy Valera, escabiosis
Ángel Contreras, padece depresión y fuertes
migrañas
Arube Perez, problemas cardiacos
Araminta
Gonzalez, Irequiere ayuda
psicologica/psiquiatrica
Lorent Saleh, depresiones con intentos de suicidio
Laidet
Salazar, se teme por su salud mental y fisica, lleva 4 meses en
aislamiento
Erasmo
Bolivar, padece problemas serios en un ojo y rodillas, fue operado pero lo sigue
padeciendo
Marcelo
Crovato, recién operado de la columna y con cáncer de piel,
Antonio Ledezma, hernia, recién
operado
Maria Elena
Uzcategui, patología cardíaca y cuadro diarreico,
Ronny Navarro, fractura
de mano izquierda, inestabilidad psicológica
Jhosman Paredes, esta presentando depresiones
Juan Miguel De Sousa esta presentando hipertensión y desmayos
frecuentes
Lessy Marcano, presenta problemas psiquiátricos, esta internado en el
Hospital Militar (area psiquiatrica)
Ines González, se le debe practicar histerectomía total
Jose Gámez, ha presentado 2 ACV y un infarto
Jhoselyn Prato, problemas estomacales, crisis depresiva
Vasco Da Costa, presenta cuadro depresivo severo
Jose Luis Santamaria, hepatitis, no tuvo atención médica
Efrain Ortega, 4 trombosis venosas, requiere cirugía cardiovascular,
diabético
