Nuevamente
el gobierno nacional enfila sus baterías en contra de las organizaciones no
gubernamentales y principalmente contra las que se encargan de la defensa de los
derechos humanos.
Aunado
a las constantes descalificaciones públicas y amenazas que diariamente altos
representantes del estado vienen haciendo en contra de las y los defensores de
derechos humanos, ahora se pretende aprobar una Ley de Cooperación
Internacional, con el fin principal de limitar y en algunos casos desaparecer a
las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las
amenazas de una ley de cooperación internacional se iniciaron en el año 2006
cuando fue aprobado en primera discusión el Proyecto de Ley de Cooperación
Internacional por la Asamblea Nacional ante una propuesta del oficialismo, esta
aprobación creo grandes preocupaciones a la comunidad nacional e internacional
por las grandes limitaciones que en el mismo se imponían contra el trabajo de
las organizaciones no gubernamentales.
El 21
de octubre de 2015 la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e
Integración de la Asamblea Nacional presentó el Informe sobre el Proyecto de
Ley de Cooperación Internacional, con lo cual el mismo quedaría listo para su
aprobación en Segunda Discusión. Este Informe fue presentado al Presidente de
la Asamblea Nacional el 30 de octubre de 2015. La Asamblea Nacional el martes 3
de noviembre de 2015 incluyó en su agenda del día, la Segunda discusión el
Proyecto de la Ley de Cooperación Internacional. No obstante, esta discusión fue
diferida para el próximo martes 10 de noviembre de 2015, fecha en que no hubo
sesión en la Asamblea Nacional por lo que desconocemos, al momento de escribir
esta nota, en qué fecha se realizara la segunda discusión de la Ley de
Cooperación Internacional.
Al
revisar el texto que va a ser sometido a discusión por la Asamblea Nacional en
los próximos días, entre otras cosas establece “Las áreas de la cooperación
internacional serán las establecidas en los Planes Nacionales y abarcarán
preferentemente los sectores educativo, cultural, científico, tecnológico,
social, económico, ambiental y financiero”, como vemos, ya de entrada el
Proyecto de Ley de Cooperación Internacional excluye de sus áreas de cooperación
el tema de derechos humanos.
Por
otra parte en el mismo proyecto podemos ver “Se crea el Fondo para la
Cooperación y Asistencia Internacional, sin personalidad jurídica y como cuenta
especial del órgano desconcentrado para la Cooperación Internacional”. “El Fondo
para la Cooperación y Asistencia Internacional tendrá como finalidad financiar,
conforme a las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional,
los programas, proyectos, acciones de cooperación técnica y científica,
financiera no reembolsable, asistencia internacional y demás actividades que
realice la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito de la cooperación
internacional”. Es claro del análisis de este texto que el gobierno nacional
pretende a través de esta ley, tener el monopolio de los recursos que asignen
los organismos internacionales para apoyar el trabajo de organizaciones en
Venezuela, pretendiendo entre muchas cosas ser ellos los que manejen los
recursos y decidan a quien se les asigna y a quienes no, buscan asumir el
control total del trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales y
ser el gobierno nacional quien decida cómo y qué debemos hacer en nuestro
trabajo.
Es
claro que la búsqueda del gobierno nacional es ahorcar a las organizaciones no
gubernamentales y básicamente las de derechos humanos, que al parecer son a las
que se les tiene la guerra declarada, una clara manera de que el mundo no se
entere de las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen en
Venezuela.
En
días recientes Guadalupe Marengo, Directora Adjunta del Programa de las Américas
de Amnistía Internacional dijo “Exigir que las organizaciones de la sociedad
civil alineen su trabajo a criterios establecidos discrecionalmente por el
presidente para acceder a recursos de la cooperación internacional es una forma
clara, e inaceptable, de coartar su independencia y prevenir que continúen sus
labores”, “Limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil de esta
forma es una manera de limitar la protección de todos los derechos humanos,
tanto de los civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales.”
“El proyecto de ley es un nuevo ejemplo de la clara falta de respeto de las
autoridades hacia la labor de quienes defienden los derechos humanos. En lugar
de continuar intentando limitar su labor, las autoridades deben alentar su
trabajo y participación en la esfera pública,”
Por
otra parte la organización venezolana COFAVIC recientemente manifestó
“Consideramos que no debe dictarse una ley con las características del proyecto,
o, de avanzarse en el dictado de nueva legislación, ella debe ser enteramente
acorde con un instrumento internacional esencial sobre la materia, como es la
“Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos”, que fuera aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas mediante Resolución 53/144 el 9 de diciembre de 1998,
y que suele referirse como la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de
los Derechos Humanos”
Por
ahora la última palabra la tendrá la Asamblea Nacional, que en esta guerra que
desde diferentes instancias del gobierno nacional tienen contra las y los
defensores de derechos humanos y sus organizaciones, decidirá sobre el destino
de esta norma.
@cnietopalma
Articulo
publicado en la página web del Diario “El Nacional” el 13/11/15 http://www.el-nacional.com/carlos_nieto_palma/Cooperacion-internacional-guerra-ONG_0_737326427.html
