Opinar
se ha convertido en un delito en Venezuela, todo aquello que escúchanos de apoyo
a la libertad de expresión no es más que un discurso proselitista con el que se
pretende calmar nuestra alma como si fuéramos borregos de este régimen que hoy
pretende hacernos callar.
Nuestros
gobernantes pretenden hacernos callar, en cada discurso que dan nos instauran el
miedo para que nada hablemos, ni díganos, lo más triste es que les hacemos caso
y el silencio ha hecho parte de nuestra vida cotidiana. Nos convertimos en un
país de mudos.
Solo
unos cuantos, de los millones de venezolanos que hay, le hemos hecho una trampa
al miedo y no dejamos que este, entrara en nuestra casa, me refiero los
periodistas y los defensores de derechos humanos, pareciera que hemos hecho un
pacto de honor para cumplir con nuestro trabajo que es decir la verdad.
Las
consecuencias las henos vivido en carne propia, desde el mismo Servicio
Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) día a día se espían nuestras conversaciones
y sus agentes supuestamente encubiertos vigilan cada uno de nuestros
pasos.
Igual
nuestro trabajo continua y si a nuestros perseguidores les sirve de algo, no
tenego miedo y al menos en mi caso, me tendrán que matar o confinarme en “La
Tumba” del SEBIN para callarme, mientras seguiré en lo mismo y repito con
dignidad, coraje y sin miedo.
En un
país sin información oficial, los periodistas y defensores de derechos humanos
nos hemos convertido en un grupo de homogéneo de hormiguitas buscando por todos
lados información, que no existe, pero que gracias a buenos amigos que nos
apoyan desde diferentes organismos oficiales, damos en el clavo, su ayuda es y
será siempre invalorable.
El
trabajo de los periodistas y defensores de derechos humanos se parece mucho,
ambos andamos en la búsqueda de información, unos para sus medios y otros para
sus informes, información que por cierto nunca conseguimos, es secreto de Estado
para todo el mundo.
A este
respecto el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en uno de sus informes acoto
“Desde el Estado, la negación de información pública se da, frecuentemente, en
los ministerios y sus dependencias (59%); la Presidencia de la República (48%);
los cuerpos de seguridad del Estado (47%). Estos tres actores, que aparecen en
los más elevados índices de opacidad, justamente, dependen del poder ejecutivo.
Es esta fuerza estatal y de gobierno que, precisamente, es señalada por los
consultados como la que ejerce las mayores presiones y órdenes de censura. Entre
tanto, en promedio, 36% de estas dependencias señala limitaciones con una
frecuencia mediana y baja, mientras 23% indica que nunca ha encontrado
impedimentos para acceder a la información pública, bien sea porque no ha
realizado solicitudes o porque no se les ha negado este derecho. Se refieren
recurrentes limitaciones de acceso a la información de interés público en los
órganos del poder judicial, es decir, tribunales locales y nacionales, los
cuales acumulan 41%. El Tribunal Supremo de Justicia aparece como una
institución que muy frecuentemente no ofrece información, en 34% de las
opiniones que emitieron los que participaron en este estudio. En promedio, 29%
indica haber tenido pocos y regulares obstáculos, y 31% refiere que nunca había
tenido restricciones por parte de estos actores. Con una alta frecuencia,
también aparecen la Fiscalía de la República (38%), las instituciones de salud
pública (35%), la Contraloría General de la República (32%), las gobernaciones y
sus dependencias (32%), y la Asamblea Nacional (32%). Mientras que, con una
frecuencia de limitaciones por debajo de 12%, los menores obstáculos se
encuentran en las instituciones de educación universitaria, básica y
diversificada, así como en las instancias del poder legislativo y ejecutivo
regional, según la percepción de los consultados. Estos tres últimos actores,
además, en promedio, nunca fueron consultados por el 38% de la muestra que se
seleccionó para esta investigación”
Esto
nos da una muestra del trabajo que día a día nos toca realizar y de las
respuestas que recibimos.
La
otra arista importante es a la que estamos sometidos los defensores de derechos
humanos, a repudiables hechos como el que de que fue víctima nuestro compañero
Marino Alvarado, secuestrado, golpeado y vejado, él y su pequeño hijo en su casa
es una muestra de esto. Los ataques a Marco Antonio Ponce, Rocio San Miguel y
otros defensores más, nos ponen en la mira de los que no quieren que opinemos.
El Presidente de la Asamblea Nacional hasta mando a que me fueran a buscar a mi
casa, sin importarle para nada a mi familia que vive conmigo,
Y
quiero colocar una frase de COFAVIC, respetable organización de derechos humanos
en Venezuela a raíz de un comunicado que realizaron para apoyar mi lucha y la
del movimiento de derechos humanos “El rol de los y las defensoras de derechos y
de las organizaciones es fundamental para la profundización y existencia de la
democracia y el Estado de Derecho. En Venezuela, la Constitución asegura el
derecho asociación y garantiza el derecho a la participación ciudadana a través
de diversos mecanismos. No obstante, en los últimos años se han producido un
conjunto de legislaciones regresivas que generan graves afectaciones a la
libertad de asociación. Entre los principales efectos de estás legislaciones
regresivas destacan: el desconocimiento de la autonomía, la restricción
sistemática a información pública, la criminalización y amenaza de
judicialización si se accede a financiamiento público internacional,
criminalización a las asociaciones, afectándose de facto su capacidad procesal
de acudir a tribunales y mediante la apertura de investigaciones penales y
administrativas en contra de ellas. Asimilándose las acciones de las ONG y de
los defensores usuarios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como
delitos de “traición a la patria” o “desestabilización”.
Con
esto me despido, nuevamente digo que la lucha sigue y que no tengo miedo, soy y
seguiré siendo un defensor de derechos humanos y venezolano.
@cnietopalma
