El cuerpo de Edy Inés Mijares fue encontrado sin vida en el sector El Paují de la carretera Caracas–La Guaira, fuertemente golpeado y sin nada que permitiera identificarla. Edy, oriunda de San Juan de los Morros, tenía 23 años y era madre de una niña de 4. Era Sargento Segundo de la Fuerza Naval.
Sus familiares no sabían nada de ella desde el martes 27 de octubre en la noche, cuando salió de la Comandancia de la Naval, ubicada en la Av. Vollmer, en San Bernardino, a donde fue después de haberse realizado un chequeo médico en una clínica. El miércoles su papá recibió una llamada en la que un comandante de la Naval le informaba que su hija estaba secuestrada, contó Nelson Mijares, tío de Edy.
Hasta las 7 pm de ayer no tuvieron noticias. A esa hora lo llamaron para contarle que habían encontrado un cuerpo sin documentación, que posiblemente era la sargento segundo, y que el otro funcionario había sido liberado. No fue hasta este jueves que se enteraron de la historia, mientras estaban en la Morgue de Bello Monte para reconocer el cadáver.
Según contó, los antisociales inicialmente solicitaron 15.000 dólares como rescate. Luego, en negociaciones, la cifra descendió a 10.000 dólares, pero la familia de Mijares nunca supo esto. Funcionarios de la morgue le hicieron escuchar grabaciones telefónicas de Edy en las que “pedía que pagaran, que negociaran y que no hicieran ninguna locura. Así fue cómo me enteré que habían solicitado rescate”.
Para Nelson Mijares, no haber tenido la oportunidad de salvar a su sobrina es lo más duro. “Si tengo Bs 500 en el bolsillo es mucho, no sé cómo iba a conseguir una cifra así. Yo vendería lo que sea. Lo material se recupera; la vida de mi sobrina no. Pero no nos avisaron… ¿será qué es un pecado ser pobre?”.
En los planes de Edy estaba volver a Guárico y estar con su hija, su padre y su “tío negrito”, como le decía cariñosamente a Nelson Mijares. Para él, todo lo que hacía la sargento segundo era para mejorar la vida de su pequeña. Quería ser oficial y ayudar en su casa. “Su papá es albañil y su mamá trabaja en una lunchería; su hija dependía mucho de ella”.
Recibieron la guía de un psicólogo para contarle la noticia a la niña cuando regresen a San Juan de los Morros, donde se llevarán a cabo los servicios fúnebres. Le dirán que murió en función a su trabajo, “ojalá algún día la llegue a ver como una heroína”.
“¿A quién vamos a demandar, si no tenemos información?”, dijo el tío entre impotente y dolido por la pérdida del familiar. En el hipotético caso de que capturen a los homicidas, manifestó que “me pueden poner a cualquier persona y me engañan, haciéndome creer que me dan respuesta y en realidad no tiene nada que ver con el caso”.
Mientras hablaba, fue interrumpido por una llamada telefónica de un familiar. Le cuenta que está ofreciendo declaraciones a Efecto Cocuyo para que la gente se entere del caso de su sobrina Edy, porque él no cree en la justicia del país. “Los militares quieren tener esa información cerrada, pero es una vida. Y por la vida de la gente que quiere responde uno”, dice con la voz quebrada.
La sargento Mijares es la cuarta funcionaria que asesinan en octubre, según cifras de la ONG Fundación Para el Debido Proceso (Fundepro). Es también la segunda sargento en tres días: la primera fue Jessika Arias Ramírez, del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, abatida el domingo 25 mientras realizaba labores de inteligencia en el municipio Indenpendencia, en Miranda.
En lo que va de año, han matado a seis funcionarias. Es decir, una más que en todo 2014. La primera de 2015 fue Osmary Tabares, agente de Polisucre quemurió por un tiro en la cabeza el 14 de abril. El mismo día Isis Muñoz, Oficial Jefe de Polibolívar, fue degollada junto a su esposo.
El 6 de octubre Alejandra Ruiz perdía la vida en Valencia. Fue abatida para robarle su arma en el sur de la ciudad mientras se encontraba en compañía de su esposo, quien también resultó herido. El segundo asesinato del mes fue el 25 de octubre, también en Valencia: Ruth Briceño murió a manos del hampa en Los Guayos.
Donagee Sandoval, de Fundepro, apunta que estos homicidios representan “ un aumento de la violencia en general” y agrega que, ante los altos niveles de impunidad, los delicuentes no vacilen para asesinar a un oficial. “Hemos visto muchos tiros en la cabeza; es decir, disparan a matar”
