NTN24.- Los diputados a la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara y Juan Andrés Mejía, denunciaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al ministro de Comunicaciones, Luis José Marcano y Rafael Ortega, por los delitos de instigación al odio, peculado de uso y ofensa a diputados de la Asamblea Nacional por la difusión del documental:“Ley de Amnistía, confesión de partes” divulgado el martes en cadena de radio y televisión.
El abogado Héctor Fuentes afirmó que este material critica el proyecto de Ley de Amnistía, con graves calificaciones . “Entre esas están sostener que un grupo elitesco hace algunos años ha intentado implantar en Venezuela acciones terroristas, fascistas y ha inaugurado esto en la forma de hacer política, mientras pasan imágenes de Diana D´Agostino, Antonieta Mendoza de López, de Juan Andrés Mejía, de Delsa Solorzano, de Henry Ramos Allup y Freddy Guevara” afirmó.
En nota de prensa enviada por Voluntad Popular, en la citada pieza el Gobierno expresa que Leopoldo López “es el líder de la célula terrorista Voluntad Popular”. La tolda aclara que el delito de terrorismo en el país está sancionado con penas altas y calificar una organización política de ser una célula terrorista constituye vilipendio al honor de la organización, los activistas y su seguridad.
La disposición segunda de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el artículo 12 de la Ley Resorteindican que el recurso de cadena nacional debe ser convocado por el Presidente de la República para temas de interés
“Aunque el presidente no haya hablado, solo él es competente para declarar una trasmisión conjunta, si el autorizó una trasmisión conjunta con este contenido, entonces es responsable del contenido del video. Además, el documental es presentado por el Ministro de Comunicaciones e Información, entonces, Nicolás Maduro y Luis Marcano son presuntamente responsables por la difusión nacional de un documental que llama terroristas a un grupo y eso implica que hay delitos de instigación al odio, peculado de uso, por hacer uso de la red pública de comunicación para fines legales distintos a los que la ley le da a estas autoridades para el ejercicio de estas competencias”.
Fuentes condenó el uso de fondos públicos para difamar a los disidentes al Gobierno. “Esto es inaceptable. No puede ser una finalidad pública la violación de los derechos constitucionales de una persona o grupos de personas y llamar terroristas a un grupo de personas sin pruebas, es una violación de sus derechos constitucionales”, concluyó.
Redacción NTN24 Venezuela
