Laura Pérez de Molina espera que a su esposo Luis Enrique Molina Cerrada, ex funcionario de la Policía Metropolitana (PM), le otorguen el beneficio de una medida alternativa al cumplimiento de la pena que le corresponde por derecho, el cual tiene más de 5 años vencido.
Luis Enrique Molina, de 47 años de edad, fue sentenciado a 30 años por los hechos ocurridos en abril de 2002, y el próximo 21 de abril cumplirá 13 años privado de libertad.
A 14 años de los lamentables hechos violentos que sacudieron el centro de Caracas, Laura Pérez Molina relata que su esposo para entonces se encontraba trabajando en resguardo de la humanidad sin mirar a quien.
Cuenta que en abril de 2003 recibió una citación de la Comandancia General de la PM en Cotiza, donde se le ordenaba presentarse para tratar investigaciones de los hechos sucedidos el 11,12 y 13 de abril de 2012.
El lunes 21 se presentó a las 7:00 a.m. Laura detalló que supuestamente iba a estar 45 días en la comandancia por las averiguaciones y no fue así, luego pasaron 3 meses, y así sucesivamente. Lo mismo ocurrió con otros 9 compañeros de labores, cada uno de diferente jerarquía y destacamento. "Y cuando tenía 2 años de detención ilegal, todos fueron imputados de manera colectiva".
Tres años duró el juicio. Fueron más de mil días agónicos, humillantes, decadentes, tristes e injustos. 230 audiencias, 265 experticias hechas por el comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Domingo Chávez, en las cuales se determinó que el arma de Luis Enrique resultó negativa. Lo que significa que no hirió, lesionó o mató a ninguna persona en los hechos ocurridos en la avenida Baralt. Así quedó comprobado con 5 mil 700 fotografías, 198 declaraciones de testigos y 48 expertos.
El 3 de abril de 2009 a las 11:35 a.m, sin prueba alguna en su contra, fue sentenciado a 30 años de prisión por lesiones. No por crímenes de lesa humanidad, ni por violación de los derechos humanos.
Laura Pérez señala en declaraciones escritas enviadas a El Carabobeño, que se trató de una malintencionada sentencia. Ella se pregunta ¿qué espera el Gobierno para darle su libertad? Considera que la confesión del ex magistrado Aponte Aponte es una prueba fehaciente de su inocencia. Expresó que su esposo está preso por capricho y por orden directa del ex presidente Hugo Chávez.
Pérez asegura que en estos 13 años ha visto llegar y salir de la cárcel a muchas personas por el delito de homicidio. “Y mi esposo que es inocente, que no mató a nadie, continúa tras las rejas”. Ella destaca que con su esposo la familia también está privada de libertad y pasando penurias.
“Vivimos fuera de Caracas y Luis Enrique está detenido en la cárcel militar Cenapromil, en Los Teques, y para poder visitarlo los fines de semana, mis hijas y yo debemos madrugar y hacer un maratónico recorrido entre camionetas, metro, requisas, escaleras; y mientras compartimos una comidita y conversando las cosas familiares de Katerine y Lismar, suena el timbre que avisa el fin de la visita, y entre besos y abrazos uno se despide, le entregan la identificación y te retiras, esperando el próximo fin de semana”.
Así han pasado 13 años de no vivir, sacando fuerzas de donde no las tienen para seguir adelante y seguir viviendo esta desdicha de una familia tras las rejas. Esto no es justo, viviendo ausencia, soledad y enfermedad sin ese apoyo tan necesario y obligatorio. Desea que sus hijas puedan contar con la presencia de la figura paterna en casa.
Van 13 años de una lucha que se hace infinita e infructuosa, de injusticia para una familia venezolana; por lo que hoy solo esperan que le den lo que les corresponde por derecho jurídico legal, según lo establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) vigente, en su artículo 500, y la Ley de Régimen Penitenciario, artículo 64.
Laura solo quiere que a su esposo le sea otorgado el beneficio de pre-libertad que le corresponde: medida alternativa al cumplimiento de pena. Ya él cumplió con todos los requisitos exigidos legalmente para que le sea concedido. Ha presentado cuatro veces los exámenes psicosociales, resultando favorables y de conducta excelente: hasta pagaron las cuotas procesales de conformidad con el artículo 34 del COPP.
Mientras continùa la espera, pide el cese de tanto odio y rencor. "Nosotros también somos venezolanos, y la ministra Iris Varela ya está al tanto de este caso, pero sobre todo creemos en Dios Todopoderoso para lograr su pronta libertad. Y no me rendiré hasta conseguirlo", culmina su testimonio Laura Pérez de Molina.
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