AYATOLA NÚÑEZ
ANUNEZ@EL-NACIONAL.COMEfraín Ortega, detenido el 24 de julio de 2014 por protestar, permaneció algunos meses en los calabozos del Cicpc, en El Rosal, Caracas. Posteriormente fue trasladado a Rodeo II. Por las condiciones de insalubridad, la manera cómo dormía y la precariedad en la que transcurrió el encarcelamiento, ahora padece de tromboflebitis –inflamación de una vena por un coágulo de sangre en una de las piernas–, denunció el Foro Penal Venezolano.
Aunado a ello Ortega sufrió hepatitis C, debido a una epidemia en el centro penitenciario. Los medicamentos le causaron insuficiencia respiratoria.
El politólogo Vasco da Costa, de 55 años de edad, permanece recluido en el penal de Guárico desde el 26 de julio de 2015 y no consume suficientes alimentos. Esa situación lo ha llevado a perder 35 kilos. Carlos Pérez, quien permanece en el Helicoide, sufre de hipertensión severa y no ha recibido la visita de un cardiólogo, agregó la ONG.
“Estas personas son víctimas de una tortura sistemática, debido a que se omite la atención médica. Creemos que es intencional y hemos evidenciado cómo el gobierno se ensaña con algunos casos. Se criminaliza el pensamiento independiente”, agregó Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal.
Además de los tres casos anteriores, las condiciones de reclusión también han ocasionado graves daños a las condiciones de salud de otros 20 presos político, según el Foro Penal. Entre los padecimientos se encuentran personas que padecen enfermedades degenerativas, como la osteoporosis, así como hipertensión severa.
Ante esta situación, la ONG pidió a los organismos del Estado la aplicación de medidas humanitarias o libertad plena. Los casos de salud, informó Romero, ya fueron presentados ante la Defensoría del Pueblo y se espera una pronta respuesta de ese despacho.
Indicó que han contabilizado 78 privados de libertad en los últimos 17 años: 28 fueron detenidos por manifestar, 3 por el uso de redes sociales, 2 por rebelión civil, 19 por rebelión militar y 26 por otras razones.
Casa por cárcel. La libertad condicional bajo medidas humanitarias llegó tarde para más de un detenido, afirmaron sus familiares. Los síntomas no fueron tomados en cuenta por las autoridades correspondientes, por lo que ahora deben recibir atención especializada.
Bony de Simonovis, esposa del comisario Iván Simonovis, condenado a 30 años de prisión por hechos de violencia relacionados con los sucesos de 2002, aseguró que una medida de casa por cárcel “no es libertad para un preso político”. Señaló que el ex funcionario de la Policía Metropolitana padece 19 patologías, en muchos casos, una consecuencia de la otra. Recibe tratamiento psicológico, terapias para tratar la osteoporosis y sigue una rigurosa dieta por problemas gastrointestinales. “Cuando él llegó a la cárcel era un hombre sano; fueron las condiciones inhumanas de su reclusión que afectaron su salud. Ahora está en nuestra casa, pero tenemos la cárcel en nuestro hogar”, dijo.
Víctor Manuel García es otro preso político. Fue detenido por los sucesos de abril de 2002 y fue excluido de la amnistía de 2007. Por dormir más de 10 meses en el piso durante su detención, ahora sufre de una enfermedad degenerativa de la columna. En 2013 recibió una medida de arresto domiciliario, debido a que además padece de problemas cardiológicos.
El comisario Lázaro Forero, ex jefe de la Policía Metropolitana, tiene libertad condicional desde hace 3 años. Sufre de cáncer de próstata que no fue atendido a tiempo y ha tenido 2 recurrencias de esa patología; en la primera tuvo que realizarse 40 sesiones de radioterapia y en la segunda 10 sesiones. Actualmente se encuentra bajo tratamiento para evitar la reproducción de las células malignas, aseguró su esposa Yajaira Castro de Forero.
Recientemente la capitana de la aviación Laided Salazar, sentenciada a ocho años y siete meses de prisión por conspirar supuestamente contra el gobierno, recibió una medida de casa, debido a su condición de salud. Su abogado Gustavo Limongi afirmó que desde entonces ha tenido una gran evolución de su estado de ánimo. Sin embargo, la aparición de osteoporosis y el desplazamiento de cadera que sufre deben ser tratados por especialistas y se espera que la recuperación sea larga.
El DatoLa diputada Delsa Solórzano (MUD) aseguró que la Ley de Amnistía, aprobada en primera discusión en el Parlamento, promueve la justicia y no la impunidad como el gobierno ha pretendido hacer creer: “Además de otorgarle la libertar a los presos políticos, fomenta la amnistía laboral para todos los empleados públicos que se sienten perseguidos políticos por este gobierno”. La diputada suplemente Yajaira Castro de Forero (MUD), espera que la Ley de Amnistía reconcilie al país.
