Recientemente el Presidente de
la República Nicolás Maduro dicto un decreto creando la Comisión de la
Verdad para investigar los hechos ocurridos en Venezuela en los últimos
años y que habían sido reseñados en la Ley de Amnistía y Reconciliación
Nacional que posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia declaró
inconstitucional, sin duda alguna siguiendo las órdenes del Jefe de
Estado.
El mismo presidente al anunciar la
creación y conformación de esta comisión dio esta grave advertencia: “Yo
quiero la paz, pero la paz no la vamos a construir perdonando a los
criminales, la vamos a construir estableciendo la verdad, la justicia,
reparando a todas las víctimas, que la Patria en un solo abrazo les
acompañe y pidiendo perdón como ocurrió un Sudáfrica”. Ya con estas
palabras anunciaba el poco o ningún éxito que esta comisión va a tener.
Ya los venezolanos tuvimos una reciente
experiencia en esto cuando la Asamblea Nacional promulgo la Ley para
Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras violaciones de
los Derechos Humanos por razones Políticas en el período 1958-1998
promulgada por el para entonces Jefe de Estado Hugo Chávez, publicada en
Gaceta Oficial (39.808 del 25/11/2011) y cuyos miembros fueron
designados en esa oportunidad por la misma Asamblea Nacional y la cual
aunque su duración es hasta el año 2017, hasta ahora no hemos visto
ningún resultado palpable.
La Comisión de la Verdad de Maduro
está/estará presidida por el Vicepresidente de la República, Aristóbulo
Istúriz, además, al Secretario General del Consejo Nacional de Derechos
Humanos, Larry Devoe, como Secretario Ejecutivo Permanente de dicho
comité. Igualmente los acompañara la Fiscal General de la Republica
Luisa Ortega Díaz; así como al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab;
al constitucionalista y profesor universitario, Hermann Escarrá, la
Canciller de la República, Delcy Rodríguez. el señor Oscar Carrera y
Desiree Carrera, representantes del Comité de Víctimas de la Guarimba;
además, Maite García, integrante del Frente Contra el Sicariato
Campesino, Edgar Márquez, presidente de la Asociación de Víctimas del
Golpe de Estado del 11 de abril. Igualmente estarán María Eugenia
Russian, quien representa a la organización de Derechos Humanos
Fundalatin; Laura Roldán, perteneciente a la red de apoyo por la
justicia y la paz; así como a la Teniente Yendry Velázquez, integrante
del Comité de Víctimas de la Guarimba y del Golpe Continuado.
Si revisamos cada uno de los nombres que
integran la comisión designada podemos ver que no reúnen ninguno de los
requisitos o sugerencias que la ONU fija, aquí no fueron tomados en
cuenta, ninguno de los sectores involucrados en el proceso fueron
consultados de nada de esto, no cabe la menor duda que esta comisión
nunca encontrara la verdad más allá de la verdad que el régimen quiere
que se diga.
Hay un punto importante y voy a citar un
planteamiento que fijo la organización PROVEA en una carta que le
enviaron al Presidente de la Asamblea Nacional a raíz de la Comisión de
la Verdad creada en el 2011 “Una Comisión de la Verdad no tiene
funciones jurisdiccionales. Su origen, mandato, su composición, su
funcionamiento y procedimientos, sus facultades, sus conclusiones y el
seguimiento de éstas últimas, deben enmarcarse en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y en los tratados de derechos humanos
ratificados por el Estado venezolano. En ninguna circunstancia la
Comisión de la Verdad sustituye a los órganos regulares de los Poderes
Públicos en las funciones que le son propias, según la Constitución y
las leyes.
El principio básico de una Comisión de
la Verdad es evitar la impunidad y la no repetición de los hechos que se
investigan, nunca se puede pensar en ella y convertirla en un centro de
retaliación política para juzgar a sus contrarios, debe ser un centro
de trabajo en la búsqueda de la verdad y no en un espacio donde ya los
resultados nos lo han adelantado algunos de sus voceros.
La falta de imparcialidad de sus
miembros, la falta de participación de muchas de las víctimas que nunca
fueron convocadas a estar allí, así como la poca experticia y
experiencia de los miembros designados, desde ya anuncia su gran fracaso
y continuara la persecución contra los más de 70 presos políticos que
tenemos en nuestras cárceles.
Igualmente la negativa de
esta Comisión de la Verdad a solicitar apoyo a organizaciones
internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la
Organización de Estados Americanos (OEA) para que de apoyo logístico y
de otro tipo a esta naciente comisión, nos pone todo más oscuro.
Los investigados por esta Comisión de la
Verdad ya están condenados antes de su creación, lamentablemente para
ellos y para los que aun creemos en la justicia.
Carlos Nieto Palma – @cnietopalma
