El Nacional / Miguel Dao, abogado y ex director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, propone decretar un estado de conmoción interior por 90 días prorrogables en caso de ser necesario como consecuencia de la crítica situación de inseguridad que afronta el país, en la que la integridad física, los bienes de la ciudadanía y el disfrute de los derechos fundamentales están amenazados y vulnerados por la delincuencia.
—¿Qué es un estado de conmoción interior y cuándo procede, de acuerdo con la ley?
—La norma establecida en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela y desarrollada, entre otras, por el artículo 13 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, permite identificar un estado de conmoción interior con una situación de conflicto interno, caracterizada por circunstancias excepcionales que impliquen grandes perturbaciones de orden público interno o que conlleven notorios o inminentes peligros, entre otros factores, para la convivencia ciudadana y la seguridad pública, tal y como está ocurriendo enVenezuela.
—¿Cómo explica lo que ocurre actualmente en el país en materia de seguridad?
—El orden público está trastornado, agitado, enturbiado y subvertido por el auge excepcional de la delincuencia que ciertamente tiene, no ya como inminente peligro, sino como verdadero y real peligro, la coexistencia de un estado de desasosiego entre los ciudadanos. Por ejemplo, los linchamientos que acarrean como indiscutible consecuencia un estado de desasosiego, incertidumbre y desconfianza entre la población, a la cual le cuesta proteger su integridad física y propiedades, debido al número de homicidios, secuestros, extorsiones y robos. Estamos listos para que ese estado de conmoción interno sea decretado.
—¿Cómo interpreta los linchamientos?
—La gente que lincha a un delincuente también se convierte en delincuente. Yo rechazo por completo que esa sea la solución. Hay que exigirle al Estado que cumpla con su papel de brindar seguridad al pueblo, el no hacerlo convierte a sus administradores en cómplices por omisión.
—¿No han resultado efectivos ninguno de los planes de seguridad creados por el gobierno?
—Los 20 planes de seguridad han sido meramente coyunturales, no han dado resultado, y se requiere primero un plan más estructural que empiece por atender y fortalecer a la familia, educar y reforzar los valores en el niño y que se entierre todo vestigio de impunidad con una correcta administración de justicia.
—¿Cómo debe ser una verdadera política antidelictiva?
—El problema de la delincuencia es muy complejo, pero debe prevenir, reprimir y rehabilitar al infractor de las leyes. Se deben crear acertados planes motivacional y situacional, represión de la delincuencia y, por ende, llevar a su mínima expresión la impunidad. Debe haber mayor calidad de vida para los procesados y concluir con una verdadera rehabilitación de los penados.
—¿Qué peso tienen la depuración y despolitización de las policías en esa política antidelictiva?
—Las policías desempeñan un papel importante en la prevención situacional. La represión de la delincuencia y la impunidad, por su necesaria presencia en las calles, pero cuando están bien dirigidas y coordinadas cumplen eficazmente sus cometidos. Hay que superar no solo la politización, sino otros escollos como la pérdida de la mística, falta de profesionalización, deficiente remuneración, corrupción, penetración de la delincuencia organizada…
—¿Están los policías en desventaja frente al hampa?
—Los delincuentes cuentan con armas de guerra exponencialmente más letales que las de los organismos de seguridad. También lanzan granadas a los policías. Sin embargo, las granadas no se compran en cualquier parte. La solución concreta depende de acabar con la corrupción en los organismos, que apertrechar esas armas y su uso.
—¿Eran necesarias las zonas de paz?
—Apuesto por la buena intención, pero los resultados son aberrantes, se han convertido en zonas de infierno y quien no delinquía ahora lo hace.
—¿Aumentaron los secuestros y la extorsión?
—En este delito se maneja una cifra negra: aquellos casos no denunciados, equivalente a una denuncia por cada 10 casos. Soy un ferviente convencido de que hay que denunciar.
—¿Ese incremento indica el desinterés del gobierno en una política de seguridad?
—Además de la falta de interés, indica también la incapacidad y no entender que crear planes solo para difundirlos sin resultado alguno, los ahoga y arropa, y no satisface una verdadera política antidelictiva.
