El Universal.- Por considerar
que rompe el “orden constitucional” y “coloca en situación de riesgo y
vulnerabilidad” a los venezolanos, el Foro por la Vida rechazó el
decreto de estado de excepción y de emergencia económica dictado por el
presidente Nicolás Maduro.
En un comunicado, el bloque que agrupa a 15
organizaciones nacionales de Derechos Humanos, denunció que el texto
pretende “legitimar el ejercicio arbitrario y discrecional del Poder
Público por parte del Ejecutivo Nacional, sin control o balance del
resto de los poderes públicos” al eliminar “atribuciones
constitucionales de la Asamblea Nacional” tales como su necesaria
aprobación para obtener financiamiento dentro o fuera del país o la
posibilidad de sancionar políticamente a funcionarios.
La alianza también rechazó que se faculte a los consejos
locales de abastecimiento y distribución y organizaciones comunitarias
el ejercicio de labores de “control del orden público”, las cuales
corresponden “estrictamente a los organismos de seguridad que deben ser
de carácter civil”.
“La intervención de militares, milicias y grupos civiles en el ejercicio de estas funciones, actuando bajo doctrina o adhesión político-partidista contra posibles ‘enemigos internos’, genera condiciones para la violación sistemática y discriminatoria de Derechos Humanos”, alertó el Foro.
En similares términos se pronunció Control Ciudadano para
la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, agrupación que en otro
comunicado alertó que “este tipo de funciones parapoliciales y
paramilitares que otorga el decreto a personas naturales y jurídicas que
no se encuentran autorizadas para ello (…) y la abierta indicación de
permitir el porte de armas hasta tanto se suspenda, tal como queda
establecido en el artículo 5 del Decreto, es inusual para un Estado de
Excepción e incentiva la actuación de grupos y colectivos armados al
margen de la ley”.
Por último, la organización llamó a la Asamblea Nacional y
a la Sala Constitucional a dar marcha atrás diciendo: “La imposibilidad
de controlar a grupos que puedan atribuirse funciones en materia de
orden público, seguridad y soberanía, en un ambiente críticamente
polarizado (…) anarquizará aún más el país”.
