Caracas.- La
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia
emitió un amparo a favor de cinco funcionarios del Consejo Nacional
Electoral que, a partir de ahora, impide “la llegada de grupos violentos
a las cercanías del CNE” para garantizar la integridad física de los
empleados de esta institución, “el derecho al libre tránsito y el
ejercicio del derecho al trabajo”.
Los
ciudadanos (trabajadores del CNE) alegaron que “debido a las constantes
y frecuentes convocatorias realizadas por voceros de diferentes
organizaciones políticas y sociales hemos sido expuestos a situaciones
de riesgo que amenazan y en ocasiones llegan a violar nuestro derecho al
libre tránsito, al trabajo y a la protección del Estado”.
La denuncia consideraba que
los llamados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de marchar a las
sedes del CNE para exigir el pronunciamiento de las autoridades sobre
los lapsos para la realización del Referendo Revocatorio tienen como
finalidad “impedir el libre acceso de los funcionarios a sus puestos de
trabajos, produciendo retrasos que se agravan por las restricciones en
el horario, derivadas de la emergencia eléctrica que enfrenta el país”.
Para decidir, la Sala
coincide en que las manifestaciones frente a las sedes del CNE
obstaculizan el derecho al libre tránsito, al trabajo y cita como “hecho
notorio noticioso” “las agresiones sufridas por los miembros de los
órganos de seguridad por parte de los manifestantes convocados a estas
concentraciones contra el Consejo Nacional Electoral” y presume que “los
trabajadores en general y rectores corren riesgo de ser víctimas de
acciones similares”.
Por cuanto el TSJ “en resguardo de los derechos invocados y para favorecer un ambiente de paz social y ciudadana, así como prevenir una situación de perturbación psicológica de la colectividad en general” declaró procedente la medida cautelar.
La sentencia, firmada por el
juez ponente Eleazar Guevara ordenó al comandante de la GNB y al
director de la PNB a “adoptar las medidas de seguridad necesarias para
resguardar permanentemente las sedes del Consejo Nacional Electoral y
sus alrededores, a nivel nacional, a los fines de impedir los actos no
autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y
manifestaciones violentas, convocadas por las organizaciones políticas y
civiles, que puedan limitar el acceso de los trabajadores y perturbar
el normal funcionamiento de las sedes del Consejo Nacional Electoral, a
nivel nacional”.
E instó al “Ejecutivo
Nacional a evaluar conforme al artículo 47 y 48 de la Ley Orgánica de
Seguridad de la Nación, la declaratoria de zonas de seguridad de los
espacios adyacentes a las sedes del Poder Electoral”.
Y
notificará a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; la
Procuraduría General de la República y al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab;
para que asistan a la audiencia pública oral correspondiente, que será
celebrada dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes, a partir
de la última notificación realizada.
A continuación la sentencia:
