CARACAS.-JUAN FRANCISCO ALONSO
Especial
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“Decidí salir de Venezuela en virtud de la presión que estaban
ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que
continuara defendiendo las pruebas falsas con las que se había condenado
al ciudadano Leopoldo López”. Estas palabras que el exfiscal Franklin
Nieves grabó, en un video que se difundió el 24 de octubre pasado, tras
dejar Venezuela para cooperar con las autoridades judiciales de Estados
Unidos y otras revelaciones que hizo en los días subsiguientes, serán
utilizadas por los defensores del dirigente opositor para pedir la
anulación del juicio que terminó con su condena a casi 14 años de
prisión.
Así lo aseguró el abogado del exalcalde de Chacao, Juan Carlos
Gutiérrez, quien reveló que la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de
Caracas aceptó que el testimonio del otrora acusador de su cliente,
quien desde el exterior ha asegurado que el proceso fue forjado para
encarcelar a López, sea una de las pruebas que puedan llevar a la
audiencia en la cual se revisará el fallo. El acto estaba previsto para
este lunes 20, pero fue suspendido hasta el 7 de julio debido a que una
de las tres juezas, Evelyn Dayana Mendoza, se reportó enferma.
El análisis que Asuaje realizó a varios de los discursos que López
hizo entre enero y febrero de 2014, invitando a los venezolanos a “ir a
la calle” y buscar “una salida democrática” al Gobierno, fue una de las
piezas fundamentales de la acusación fiscal, pues aunque reconoció que
no hizo llamados expresos a la violencia denunció que tampoco
“estableció lineamientos precisos sobre las características de las
protestas” y esto “sin duda” fue “un detonante que pudo coadyuvar en la
exacerbación de sus seguidores debido a la polarización política
actual”.
Sin embargo, días después de conocida la condena al opositor, la
lingüista se quejó de que la entonces jueza Susana Barreiros hubiera
puesto palabras en su boca para justificar su sentencia.
“El hecho de que la jueza Barreiros haya puesto en su sentencia
(página 263) que yo inculpaba al ciudadano López por la quema de la sede
fiscal y de los cuerpos de seguridad, es una interrogante que aún me
hago (…). Quiero pensar en la buena pro de la ciudadana jueza, quien
quiso parafrasearme junto al añadido de sus propios juicios”, escribió
la experta en un artículo, en el cual agregó: “La lingüística no es una
ciencia vinculante para el Derecho y no está facultada para juzgar, pues
sólo se limita a describir los hechos inherentes al lenguaje sin emitir
juicios de valor”.
Una de cal y otra de arena
La presencia de observadores internacionales y de medios de
comunicación fue otra solicitud de la defensa que, para sorpresa de
ellos, fue aceptada por la instancia judicial.
La negativa de Barreiros a permitir el ingreso de periodistas y
público en general interesado en seguir el juicio es precisamente uno de
los 14 puntos que fueron impugnados por los abogados de López.
“La Corte nos dijo, por escrito, que no tenía problemas en que
diplomáticos, miembros de organizaciones de Derechos Humanos y
periodistas presenciaran el juicio, más allá de las limitaciones de
espacio de la sala donde se celebrará el acto, la cual tiene capacidad
para 30 personas”, señaló Gutiérrez.
Pese a que la instancia rechazó llamar a testificar a dirigentes
opositores como María Corina Machado y Freddy Guevara, para sustentar
sus denuncias de que el juicio fue secreto, en franca violación a la
Constitución y la ley, el penalista cree que cuentan con herramientas
para sustentar su posición de que el juicio estuvo viciado y de que la
condena no se compadece con lo que durante año y medio se expuso en las
audiencias.
“Se van a exhibir los videos del juicio, donde Asuaje no culpa a
Leopoldo por lo ocurrido el 12 de febrero y donde se ve a dos jóvenes
diciendo que ellos atacaron las patrullas de la policía por ‘voluntad
propia’ y que no conocían a Leopoldo de nada”, adelantó Gutiérrez.
Dos abogados españoles, entre ellos el exministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, se sumaron a la defensa del opositor. Ruiz
Gallardón se trasladó a Caracas el domingo para asistir a la suspendida
audiencia y a las puertas del Palacio de Justicia pidió por la
liberación de López, de quien dijo: “Ha sido condenado sin pruebas y con
declaraciones que incluso dicho por los mismos expertos de la acusación
carecen de fundamento y han sido desvirtuadas (…). No se puede hablar
de Estado de derecho donde se privan los derechos fundamentales de las
personas”.
Por su parte, Elenis Rodríguez, la abogada del estudiante Ángel
González, uno de los tres condenados junto a López, indicó que tienen
cómo probar la inocencia de sus clientes, pero “vamos a ver cuál es la
conducta de los magistrados de la Corte, porque si son estudiosos del
derecho deberían absolverlos a todos”.
Por último, el representante de López considera que su cliente y los
tres estudiantes deben ser liberados. ¿La razón? “¿Qué hizo Leopoldo?
Hablar, ejercer su derecho al disenso contra un Gobierno al que califica
de antidemocrático, corrupto y con nexos con el narcotráfico. Eso podrá
gustarles a unos y a otros no, pero lo cierto es que por eso no se
puede castigar a nadie. A Leopoldo se le castiga por el uso del arte de
la palabra”.
Sobre la audiencia
Para el jueves 7 de julio quedó fijada la audiencia de apelación,
pero pocos creen que la misma pueda terminar en un día, pues además de
los abogados de López y de los tres estudiantes (Demian Martín,
Christian Holdack y Ángel González), los magistrados deberán escuchar
los alegatos para ratificar la sentencia que ofrecerán los fiscales
Narda Sanabria, Daniel de Andrea y Tulio Mendoza; y los representantes
de la Procuraduría.
Cada parte tendrá 40 minutos para exponer sus alegatos y 10 más para
réplicas. Asimismo está previsto que los acusados, en particular López,
tomen la palabra para exponer su posición frente a lo ocurrido en el
juicio y para ello tendrán también 40 minutos.
Una vez concluidas las exposiciones los magistrados tendrán diez días
hábiles para emitir una decisión, de acuerdo con el artículo 448 de la
Código Orgánico Procesal Penal (COPP). La decisión podría ser ratificar
la condena, anularla parcialmente reduciendo la pena de los condenados o
anularla totalmente, lo cual implicaría la repetición del juicio.
