Redacción 2001.com.ve | Joan camargo |rredaccion@dearmas.com
El retardo procesal es quizás el problema más común en el ya agravado sistema judicial venezolano. En mucho de los casos, los imputados deben esperar más de cinco años para la realización de la audiencia preliminar.
La postergación de los expedientes en su mayoría se debe a causas
como: poca experiencia de los jueces y fiscales, problemas de traslados,
hacinamiento de los recintos carcelarios, incumplimiento de la labor
por parte de los fiscales o retrasos en la celebración de las audiencias
preliminares, por falta de argumentos contundentes que le sirva al
Poder Judicial para imputar a los privados de libertad.
Arma política
En el sector político también existen factores que ocasionan el
retardo procesal de los dirigentes incriminados, al pasar de los años se
ha evidenciado cómo en muchos de los casos interfiere la mala ejecución
de la labor de los jueces por miedo o influencias del Gobierno.
A pesar de la existencia del retardo procesal como problema que
entorpece la celebración del juicio, se han evidenciado casos donde
realmente el Gobierno se ve interesado por la realización del mismo,
donde desde cadenas presidenciales o mítines políticos ordenan al Poder
Judicial a realizar detenciones.
Cuando el Gobierno necesite resolver un caso con
premura es donde realmente se lleva a cabo el debido proceso con la
celeridad que se amerita. Mientras que en los juicios realizados a los
presos políticos en Venezuela la suspensión o postergación del dictamen
es el pan nuestro de cada día.
Anulación
Para el diputado y presidente de la Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, Richard Blanco,
el Poder Judicial es un instrumento que utiliza el Gobierno Nacional
para anular a quienes levanten su voz en contra de las arbitariedades
que ocurren a diario en Venezuela.
Irrespeto legal
La falta de autonomía del Poder Judicial es aprovechada por el
Gobierno para tomar las medidas que beneficien al mismo. Uno de los
casos más agravantes es el de la jueza María Lourdes Afiuni, privada de libertad en diciembre de 2009 por órdenes del presidente Hugo Chávez, lo que va en contra de lo establecido en el artículo 26 de la Constitución,
el cual establece que: "El Estado garantizará una justicia gratuita,
accesible, imparcial, idónea, transparente, autonoma, independiente,
responsable, equitativa y expedita".
El diputado Blanco asegura que la causa del irrespeto a la
Constitución y a todas las leyes de la República se debe a que el modelo
político del Gobierno se basa en mantener el control de todos los
poderes, lo que representa una violación a la institucionalidad
democrática de Venezuela.
Lo correcto
El Código Orgánico Procesal Penal estipula que el
juicio debería tener sentencia antes de los dos años. Si el imputado no
tiene un dictamen final después de transcurrido este tiempo se debe
dejar en libertad bajo medidas cautelares y seguir el procedimiento por
el lapso necesario.
Lo que se hace
Actualmente, se aprecia con facilidad cómo se viola lo que establece
el reglamento, dado que después del tiempo estipulado se mantiene la
detención y se inicia por completo la investigación del caso, sin
importar lo que dure el recluso en prisión.
Esta problemática es muy evidente en toda la población penitenciaria,
se calcula que el 70% de los presos venezolanos carece de un dictamen
final que les garantice un tiempo máximo de reclusión.
Richard Blanco sostiene que el alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, tiene 508 días preso injustamente, dado que no se le ha podido comprobar ningún tipo de delito. "La Organización de Naciones Unidas
ha dictaminado que tienen que liberarlo de manera inmediata porque no
se le hizo un antejuicio de mérito como lo establece la Constitución".
"Sin embargo, el Gobierno se empeña en mantenerlo preso, sin importar
lo que los organismos internacionales sentencien", aseguró Blanco.
Reforma
Después de la reforma al Copp decretada en 2012 por el expresidente
Hugo Chávez, se cambiaron algunos de los procedimientos de la ejecución
del litigio, lo que de cierta manera les generó un beneficio al Gobierno
a la hora de ejecutar un juicio político. Entre ellas destacan que la
audiencia se puede celebrar a puerta cerrada, sin presencia del acusado y
con la designación a dedo de los jueces o fiscales, mecanismos que
aumentan la posibilidad de generar irregularidades en la realización de
proceso.
Todo se paga
Richard Blanco expresa que en un futuro todos los cómplices de la política injusta que ejecuta el TSJ
pagarán con cárcel cada uno de los atropellos que han cometido. "Los
crímenes de lesa humanidad no prescriben y algún día tendrán que verle
la cara a la justicia verdadera", dijo. Asimismo, aseguró que la única
solución factible a los problemas que presenta el Poder Judicial es la
realización del RR este año, para poner orden en el Ejecutivo y nombrar
un Presidente que no se entrometa en los otros poderes del Estado.
La Lógica
Más allá de atacar el retraso procesal con la finalidad de crear un
sistema judicial más eficiente, se debe trabajar en la devolución de su
autonomía natural. Mientras el Ejecutivo siga teniendo influencia en el
sistema judicial se seguirán presentando irregularidades con respecto al
caso de las detenciones y juicios a presos políticos que se encuentran
sin sentencia.
En espera
"De los 116 presos políticos que existen en Venezuela, sólo el 10% está enjuiciado", dijo Jackeline Sandoval, Directora de Fundepro.
2016-07-15
