Luego del descuartizamiento de Liana Aixa Hergueta González (53), uno de sus agresores, José Rafael Pérez Venta,
se convirtió en el tenor preferido de la revolución, al punto que
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello decidieron transmitir en sus programas
semanales los videos con los interrogatorios en el que delata presuntas
actividades irregulares de cuatro personas, entre ellas Betty Janette Grossi Sucre y Héctor Alejandro Zerpa González.
Las detenciones de ambos ocurrieron en lugares y situaciones diferentes. En el caso de Grossi una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se apersonó en su vivienda ubicada en El Marqués y se la llevó sin orden judicial. Mientras que Zerpa
fue apresado al ingresar voluntariamente en El Helicoide, sitio al que
llegó junto a un hermano para conocer el motivo por el que agentes de la
policía política habían allanado la casa de sus padres y su lugar de
trabajo.
Los dos presos políticos fueron imputados por el Ministerio Público por financiamiento al terrorismo, delito en el que Pérez Venta
los incriminó al asegurar que aportaban los recursos económicos para
los participantes de las manifestaciones de calle ocurridas en el año
2014. Al historial de Grossi se suma que es la propietaria del apartamento en el que ocurrió el crimen contra Hergueta.
La pareja de Zerpa, Esdanyelis Noriega, explica en exclusiva para Caraota Digital
que el caso “está en un limbo” desde el pasado 27 de enero cuando en la
distribución la causa paró en el Tribunal 1° de Juicio con competencia
en Delitos de Terrorismo, desde tal fecha el juzgado no ha dado despacho y por lo tanto no ha sido agendada la primera audiencia.
“En los casos políticos esa situación es
muy normal, si te pones a ver en los casos políticos eso se demora con
creces. Lo anormal se convirtió en normal”, acota el abogado de Grossi,
Joel García.
El jurista revela que su defendida está
recluida junto a más de 20 mujeres -en su mayoría procesadas por causas
comunes- en un calabozo. Por su parte, Zerpa
comparte una celda de cuatro por tres con otros tres presos
políticos Gregory Sanabria (estudiante de Ingeniería Informática en el
Táchira), Juan Pablo Giraldo (TSU en Informática del Táchira) y Carlos
Pérez (detenido en campamento estudiantil), así como con dos presos
comunes.
“No ven la luz del día. Eso no tiene ventana por ninguna parte, eso es un espacio totalmente cerrado con luz blanca. No se ve nada, si no tienen relojes no saben ni que hora es”, denuncia Esdanyelis.
Los dos presos están a metros del responsable de su situación jurídica, sin embargo su contacto con Pérez Venta
ha sido nulo. “A ellos los tienen como muy reservados, incluso me
atrevo a decir que tienen días de visitas distintos”, plantea Joel
García.
La situación se vuelve más compleja al
consultar su alimentación debido a que deben sortear la escasez de
comida y la mala calidad en la suministrada por sus carceleros. “La
alimentación es pésima, les llega la comida cruda o sino a veces les llega piche y a destiempo.
Si el almuerzo le tiene que llegar a las 12:00 del mediodía, le llega a
las 4:00 o 5:00 de la tarde. Entonces uno como familiar como puede, con
lo poco que se consigue, le va llevando para que coman por lo menos una
vez al día”, afirma la pareja de Zerpa.
Revela que se encuentra enfermo debido a
que padece una fisura en la cervical y desde el 4 de mayo están
esperando que el tribunal de la causa despache para que reciba una orden
medica en donde se indica que deben practicarle dos resonancias
magnéticas -cervical y dorso lumbar-.
“No hay manera de que lo trasladen para
que le hagan la resonancia, porque a partir de la resonancia es que se
podrá ver si su problema en la cervical es de operación o es de terapia.
Gracias a Dios le he podido encontrar los medicamentos y los calmantes para los dolores. Está usando un collarín Philadelphia, pero los dolores son bastante fuertes”.
Fondos insuficientes
García y Noriega explicaron que a los
hoy imputados les realizaron perfiles financieros con sus movimientos
bancarios de los últimos 20 meses antes de su detención (de diciembre de
2013 a agosto de 2015).
En el caso de la dama los ingresos en
ese lapso alcanzaron los 236 mil bolívares y en el de Zerpa los 230 mil
bolívares. Ambos coinciden que tal cantidad era lo recibido por concepto
de salarios. “Las conclusiones del perfil financiero dicen que son movimientos que no revisten de mayor importancia. Sin embargo, con esos movimientos el tribunal la tiene privada. No hay más nada. En el expediente están los dichos de Pérez Venta y ese perfil financiero”, dijo el defensor.
